Silencio sepulcral sobre José Ramón Peralta, Donald Guerrero y Gonzalo Castillo

Silencio sepulcral sobre José Ramón Peralta, Donald Guerrero y Gonzalo Castillo

Fachada de la Procuraduría General de la República

Nadie responde. Nadie habla. Pese a que desde esta madrugada circula la versión de presuntos allanamientos en las respectivas residencias de José Ramón Peralta, Donald Guerrero y Gonzalo Castillo, pasados funcionarios y dirigentes políticos del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), el Ministerio Público guarda silencio: ni lo confirma ni lo niega.

También están en silencio los abogados que integran las barras de defensas en los respectivas investigaciones que desde hace años realiza la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA) que dirige el magistrado Wilson Camacho.

Mientras tanto, el país amaneció inundado de versiones sobre el presunto arresto de quienes fueran ministros Administrativo de la Presidencia, de Hacienda y de Obras Públicas, respectivamente, y que también forman parte del Comité Político del partido morado.

Se recuerda que la Unidad Antifraude de la Contraloría General acusa a Donald Guerrero y otras personas, en un presunto entramado de corrupción que a través de expropiación de tierras habría desfalcado al Estado Dominicano con más de RD$17,000 millones.

Expediente acusación contra Donald Guerrero, exministro de Hacienda.

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En el caso de Gonzalo Castillo, quien fue candidato a la presidencia por el PLD en las elecciones de 2020, está siendo investigado por la contratación sin licitación de 38 empresas para la compra de hormigón asfáltico por un importe de 11 mil 500 millones de pesos.

Se trata, de acuerdo a las autoridades, de siete procesos realizados para la compra el hormigón utilizados para los asfaltados presentan una desnaturalización del proceso de excepción para poder violar la ley 3-40, sobre compras y contrataciones de bienes.

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En el caso de José Ramón Peralta contra él había o depositado en el MP y Pepca, solicitudes de investigación demandan por supuestos daños al Estado y al comercio organizado relacionado a permisos de importaciones a través del Ministerio de Agricultura.