FEDERICO HENRÍQUEZ GRATEREAUX
Las cámaras legislativas «se han parado en dos patas». Al realizar esa crispada contracción equina han mostrado al publico los cascos y las herraduras: las intenciones que » animan» a muchos legisladores y las armas con que cuentan para amedrentar a los representantes del Poder Ejecutivo. Han enseñado los bíceps partidistas con altaneros gestos rufianescos. Por partida doble, pues una amenaza corresponde al PRD y otra al Partido Reformista Social Cristiano.

Las cámaras legislativas están dominadas por bloques que no pertenecen al partido que ganó las ultimas elecciones por amplia mayoría -es útil recordarlo- y en primera vuelta. Esto quiere decir: con apoyo multitudinario e incuestionable legitimidad. El Presidente Fernández puede muy bien recurrir a esa mayoría difusa que desea vivamente una nueva ruta para la sociedad dominicana. Sobre todo, en el primer año de su gobierno, cuando los escollos y trastornos – económicos, políticos, administrativos – no han erosionado todavía la popularidad del régimen naciente, ni el prestigio de quien lo encabeza.

El Presidente Fernández «observó» la ley que establece una nueva forma de «reparto» en el financiamiento de los partidos desde las arcas del Estado. La objetó con las motivaciones de rigor; incluso se tramito la observación acompañada de declaraciones de rechazo a la ley por parte del secretario general del PLD, doctor Reynaldo Pared. Pareció, momentáneamente, que gobierno y partido actuaban al unísono, concertados previamente. Pero el jefe del Estado retiró la observación a la ley. La retractación pública, desde luego, complace mucho a los lideres del PRSC. También el Presidente repuso a los médicos en huelga en sus respectivos empleos; y los asentamientos agrarios, ordenados por perredeistas o pepehachistas, seguirán según parece, «firmemente asentados». En este escenario, el ex – presidente Mejía hace declaraciones, filma programas de TV, gesticula, hace chistes y hasta bravuconea moderadamente.

Mientras tanto, el presidente del Senado, Andrés Bautista, declara enfáticamente que el Presidente de la República «debe cumplir sus promesas». Después de la decisión de la SCJ con respecto a los dirigentes del PRD, en dicho partido se ha incrementado la actividad para escoger presidente y secretario general. Los candidatos visibles y con respaldo son representantes de un solo sector del partido. Simultáneamente, algunos seguidores del licenciado Hatuey Decamps le recomiendan abandonar el PRD y formar otro partido. La Junta Central Electoral, por encima de cualquier cuestionamiento hecho antes, durante o después de las elecciones, resulta validada, campante e impertérrita.

¿Qué saca en limpio el observador de la clase media dominicana? Que han empujado al Presidente contra las cuerdas, como dicen los fanáticos en los cuadriláteros de boxeo. Todo aquel que no sea un militante radical de los partidos – ni un oligofrénico – ve subir, como una marea, la falta de respeto, la insumisión a normas – no a las jurídicas, que están por los suelos – sino a las normas elementales de convivencia política o social. A las cámaras legislativas «les importa un pepino» que existan o no reglamentos para los bonos soberanos, para la recapitalización del Banco Central y del Banco de Reservas, para la defensa del consumidor. El suspicaz hombre común de la RD empieza a sospechar que hay muchos «pichirries hipertrofiados» entre las tropas de los partidos. Por tanto, fácilmente «sujetables».

El cuadro general presenta algunos tintes sombríos: no tenemos servicio estable de energía eléctrica; no disfrutamos de un efectivo control de la delincuencia; no podemos enorgullecernos de que los tribunales administren justicia con rapidez y equidad. Lo único de que disponemos en abundancia es de esperanzas. Esa carga de esperanzas, de fe en lo porvenir, es preciso defenderla de los embates políticos. Asidos a dichas esperanzas es probable que podamos mejorar la producción económica y los servicios colectivos. La cohesión social es el cemento que permite capear los más grandes temporales. Y esa cohesión tiene un cuantioso componente de esperanzas. Nuestros partidos políticos están dilapidando la fortuna del sistema democrático. Hay que hacerles saber a los dirigentes de los partidos que son testaferros de una riqueza institucional que no les pertenece.

Tan pronto un funcionario publico es elegido, queda en libertad de hacer lo que le venga en ganas con los bienes de la sociedad. La soberanía popular se ejerce solamente a la hora de votar y no mas allá.  Ningún funcionario esta sujeto a «inspección periódica», a «supervisión obligatoria», «auditoria externa», «revisión de gestión», «interpelación sancionada» o «revocación de mandato». Todos estos pasos deberían ser gradaciones del ejercicio de la soberanía, procedimientos para ser invocados – democráticamente – muchos meses después de haber introducido los votos en las urnas. Por no disponer de estos resortes de contención, el ciudadano común puede ser desplumado por los políticos, concienzudamente, una y otra vez. Y por eso tantos funcionarios – elegidos o designados – se dedican al juego folclórico tradicional llamado: similindruño, ábreme el puño.