Si, como alegan algunos, el “presidencialismo” es un régimen donde el presidente es “ley, batuta y constitución” estaría fácil orientar las investigaciones, instrumentar expedientes, someter a la justicia y condenar por corrupción a una sola persona: El presidente. Pero no es tan simple; la corrupción tiene ramificaciones en todos los poderes del Estado e incluye segmentos del sector privado y conexiones internacionales, como lo ha evidenciado el escandaloso caso Odebrecht.
Tengo entendido que está reglamentado el margen o porcentaje de honorarios o ganancias de un ingeniero en construcciones o proyectos públicos o privados de tal forma que si un profesional construye un edificio con un presupuesto de 20 millones de pesos debería ganarse unos 2 millones de pesos, que es un 10% de la obra (no el famoso 10% de “comisión” que se roban pública o privadamente muchos funcionarios) y si el presupuesto es de 1,800 millones de pesos, sin maliciosas sobrevaluaciones, debería ganarse unos 180 millones de pesos; si es generoso, tal vez repartiría entre sus ayudantes unos 30 millones, que sería un 16%, quedándose con 150 millones él solito.
Esta es la explicación para que los ministros de instituciones donde hay que construir mucho, sean extensiones de las manos derecha e izquierda de los presidentes, con posibilidades de acumular fabulosas fortunas a expensas de los miles de millones de pesos que se manejan, por ejemplo, en la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (OISOE) y la secretaría o ministerio de Obras Públicas, que les facilitan la compra de investigadores, jueces, partidos políticos y elecciones. Y uno no deja de preguntarse dónde y cuándo aparecerán los cascabeles necesarios para tantos gatos.