Gabriel Alberto Hernández Tiburcio 
Es un alivio para quienes se preocupan por la protección de los bienes públicos y el control moralizante sobre funciones de Estado, saber que la Cámara de Cuentas no se conforma, en función de sus propias reglas y esquema institucional, con la mera formalidad de informar por escrito de tenencias, ingresos y procedencias de patrimonios a lo que quieren limitarse algunos señores que pasaron por el poder o aun están en él. La exigencia de documentos fieles y complementarios en busca de la máxima transparencia explica el porqué son más los participantes en el Estado que huyen (sin que se les sancione) de rendir cuentas a cabalidad al órgano de supervisión externa sobre entes oficiales que los que aceptan el reto de demostrar que nada ocultan y que no han procurado beneficios ilícitamente. Lo que ha ocurrido, para que a partir de ahora causen más espantos los escrutinios, es que la vigilancia sobre los declarantes incluye rastrear con minuciosidad haberes y movimientos financieros, anticipados y subsiguientes.
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El rigor de este proceder, desempolvado inesperadamente, es explicado por la propia Cámara: con los funcionarios públicos no existen bienes que escapen a las auditorías. Todo debe estar sobre la mesa de la transparencia cuando se sirve con lealtad y ética al Estado y a la sociedad. Solo se pretende fortalecer la función revisora. Y lo mejor es que así se haga, caiga quien caiga. Es cuidando bienes a su cargo que los Estados legitiman la búsqueda de más ingresos fiscales.
