Difícil gobernar sin la mira telescópica de un proyecto de nación, sin una perspectiva trazada en un plan nacional de desarrollo que permita al Gobierno de turno asumir la fase que le corresponde, cumplir metas decenales, independientemente del partido que detente el poder.

Difícil avanzar con pasos firmes sin dar seguimiento a una planificación a veinte o treinta años, que evite el costoso y traumático empezar de nuevo, sin seguir estrategias que tengan por meta conformar una sociedad de derechos con sólida base institucional que garantice el ejercicio pleno de la ciudadanía.

Difícil, obviando la continuidad del Estado, en incesante violación de lo legalmente estipulado.

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Violación legal

En persistente burla a la Constitución y las leyes que quiebra la confianza ciudadana en políticos e instituciones, la República Dominicana ha transitado seis décadas de endeble democracia sin sentido de nación ni visión de futuro, sin regirse por políticas de Estado a corto, mediano y largo plazos, que trasciendan las diferencias partidarias y alternancias de Gobierno.

La inveterada práctica de crear leyes para luego ignorarlas, violarlas impunemente ante la ausencia de fiscalización por el Congreso Nacional y de un régimen de consecuencias, pactos y acuerdos se echan al olvido, arraigándose añejos problemas que con el tiempo alcanzan desmesuras.

Salvo imprevistos, como la pandemia del Covid-19, procede cumplir lo planificado, más aún si está legalmente establecido. No ha sido así. En infracción impune del ordenamiento jurídico, el país ha sido regido por gobernantes de agenda propia, descontinuando obras y proyectos de sus antecesores.

Tal ocurrió con la Estrategia Nacional de Desarrollo (END-2030), la Ley 1-12, llamada a cambiar la fisonomía social del país, a marcar un hito en la forma de conducirlo. Un plan de desarrollo integral consensuado entre políticos, empresarios y la sociedad civil, que no cumplieron ni sus promotores, tampoco los sucesivos gobernantes.

Desde hace doce años aguarda un proyecto de nación que en gran medida tiene vigencia, pues la solución planteada sobre problemas en educación, salud, electricidad y otros, es tarea pendiente, urgente.

La Ley 1-12, una formulación de los ejes, objetivos y líneas de acción estratégicas, de indicadores y metas de 2012 a 2030, consigna compromisos asumidos por los poderes del Estado, propuestas de acuerdos y pactos, entre ellos el fiscal, una responsabilidad de partidos de gobiernos y de la oposición.

Se postergaron, durante años ha predominado el inmediatismo, lo coyuntural, privilegiando proyectos de más rentabilidad política, complaciendo a empresarios, a los poderes fácticos. Un nocivo proceder, gran responsabilidad de partidos de oposición que, ajenos al interés nacional, no concurrieron al diálogo convocado por el Consejo Económico y Social en 2021, cuando se firmaron pactos con recomendaciones del Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, recién reiteradas.

Pactos van y pactos vienen

No se cumplen, se relegan o ralentizan, postergando prioridades que deben estar en la agenda nacional en el tiempo programado, con la debida gradualidad. El pacto social y el del agua, de exiguos logros, el pacto eléctrico firmado en 2021 pero castigan los apagones y la energía sigue como retranca del sistema productivo. El anunciado pacto por la calidad de la educación, pendiente aún lo estipulado en el Pacto Nacional por la Reforma Educativa 2014-2030.

Un plan, un norte

Nada debe impedir que la RD tenga por guía un proyecto de nación de largas miras que trace los pasos a seguir en su evolución, y ponga sus miras hacia una democracia funcional, participativa, enfrentando con racionalidad no sólo el déficit fiscal, también el institucional. Un plan tendente a erradicar la falta de independencia de los poderes del Estado, la sumisión municipal al Ejecutivo, el presidencialismo, paternalismo y clientelismo. Y entre otros objetivos:

___Sancionar el irrespeto a la ley, combatir la cultura de la corrupción, del privilegio y la ilegalidad. Librar una lucha sistemática contra la desigualdad y la pobreza, criminalidad y delincuencia.

___Aplicar acciones pertinentes a un desarrollo sostenible, fomentar la innovación tecnológica, el ahorro interno, la inversión de capital nativo en el sistema productivo, enfrentar la destrucción ambiental y el cambio climático.

Es tiempo de frenar ese empezar de nuevo que impide avanzar, de dar continuidad a un plan de desarrollo que no sea sólo un compromiso estatal, sino una meta nacional con la participación activa de los partidos políticos, empresarios, universidades, gremios, toda la sociedad.