Sin discusiones ni posiciones enfrentadas, el Senado de la República aprobó ayer en única lectura la resolución que autoriza al presidente Danilo Medina a declarar el estado de emergencia en el territorio nacional por 45 días para frenar la expansión de la enfermedad covid-19.

La iniciativa, que contó con el visto bueno de la Cámara de Diputados el pasado viernes, fue conocida por la cámara alta en menos de dos minutos y sancionada por los 21 senadores presentes.

Los senadores Luis René Canaán, Santiago Zorrilla, Rubén Darío Cruz, Félix Bautista, Rafael Calderón, Charles Mariotti, Adriano Sánchez Roa, Cristina Lizardo y Dionis Sánchez formarán parte de la comisión bicameral que le dará seguimiento al estado de excepción, la cual será presidida por la diputada Ángela Pozo.

El proyecto de resolución fue aprobado sin mayores dificultades en el Congreso Nacional luego de que se informara que esta solicitud del Poder Ejecutivo se efectuó tras consultar a las autoridades electas.

Con esta nueva autorización, el presidente Medina podrá declarar el estado de emergencia hasta principios de septiembre, más allá, incluso, de la toma de posesión de las nuevas autoridades presidenciales y congresuales el próximo 16 de agosto, en un hecho sin precedentes en la historia del país.

Desde el 19 de marzo hasta el 30 de junio de este año, República Dominicana estuvo bajo emergencia nacional por 103 días en los que el Poder Ejecutivo aplicó restricciones de diferentes grados para asegurar el cumplimiento de las medidas sanitarias para cortarle el paso al coronavirus.

El estado de emergencia fue declarado la primera vez por 25 días; la segunda y la tercera por 17 días; la cuarta ocasión fueron 15 días, luego 12 y finalmente 17.

El mismo día del cese del estado de emergencia, el Gobierno central declaró epidémico el territorio nacional y después abrió las fronteras aéreas y las actividades turísticas, aunque se mantienen cerrados los cines, casinos, discotecas, teatros y otros sitios de actividades sociales y de aglomeraciones.

No obstante, debido al repunte de los casos de contagio por el coronavirus, el presidente Medina solicitó al órgano legislativo declarar nuevamente el estado de emergencia por 45 días.
Cifras alarmantes.

Al terminar la sesión del Senado los congresistas Luis René Canaán y Tommy Galán manifestaron preocupación por las cifras que ha reportado el Ministerio de Salud Pública sobre la evolución del coronavirus en el territorio nacional, que ha infectado a 52,855 personas y causado la muerte a 981.

Canaán, quien fue presidente de la anterior comisión bicameral de seguimiento al estado de emergencia y fungirá ahora como vicepresidente de la nueva comisión, exhortó a la población a continuar practicando el distanciamiento social, lavarse las manos y usar mascarillas y gafas.
Por otra parte, Tommy Galán descartó que el eventual nuevo toque de queda fuera por 24 horas, puesto que “eso no es factible ni razonable ni práctico”.

El tema más discutido. Durante la sesión de ayer del Senado la iniciativa que más intervenciones suscitó fue la que permitiría a los trabajadores retirar hasta el 30 por ciento de los fondos de pensiones, proyecto que al final fue enviado a la Comisión Permanente de Seguridad Social, Trabajo y Pensiones.

Sin embargo, luego de las intervenciones de los senadores Amable Aristy Castro (PLR-La Altagracia) y Prim Pujals (PLD-Samaná), la cámara alta ordenó que la comisión remita su informe sobre dicha iniciativa antes del 16 de agosto.

“Tiene que tener una fecha fija antes de que se cierre la legislatura porque si no se hace eso con un plazo, entendemos nosotros, eso se va a dormir un sueño eterno del olvido”, fueron las palabras del congresista Pujals al hacer su solicitud ante el Senado.

El legislador por Samaná expresó que “no se le debe dar la espalda al pueblo” y que en esa sesión saldría a relucir “quién es quién en el Congreso”.

De su lado, el senador José Rafael Vargas (PLD-Espaillat) pidió que esta iniciativa, que ya fue aprobada por la Cámara de Diputados, fuera fusionada con un proyecto similar que habían sometido los senadores peledeístas Dionis Sánchez y Amarilis Santana, con la diferencia de que este último fijaría en un 20% el límite máximo que podría retirar una persona del fondo.