El secretario de Medio Ambiente decía el otro día, a propósito de la impune ocupación, y consecuente arrabalización, de los márgenes de nuestras principales carreteras, que en su ministerio están muy preocupados por esa situación, que a su juicio constituye un serio problema de seguridad tanto para quienes malviven en esos terrenos como para los usuarios de esas importantes vías de comunicación, a menudo agredidos -sobre todo en la autopista Duarte- por los afrentosos malvivientes.

El doctor Max Puig no fue muy claro, sin embargo, al referirse a las acciones que tomarían las autoridades ante un problema que por estar tan «extendido», como lo define el funcionario, a lo mejor solo es posible impedir que siga creciendo, contenerlo en sus dimensiones actuales, pero igualmente imprecisas -para no decir indiferentes- se mostraron las autoridades de la Secretaría de Obras Públicas y Bienes Nacionales a las que reporteros de este diario consultaron. La lección, duele admitirlo, es amarga pero muy simple: la propiedad pública, pertenece a todos y a ninguno, no tiene dolientes en este país. Y después nos quejamos.

Malas noticias

Mientras un periódico ofrece la noticia de que desconocidos lanzan piedras a quienes transitan, en horas de la noche o la madrugada, por la autopista Las Américas para obligar a los automovilistas a detenerse y luego asaltarlos, otro informa que la autopista 6 de Noviembre es zona de alta peligrosidad para quienes la utilizan, sobre todo para los motoristas, pues una banda de asaltantes la ha convertido en su área de operaciones. En ambos casos, vale señalar la coincidencia, la falta de iluminación de esas vías, a pesar de su importancia, es la principal aliada de los delincuentes, pero también la ausencia de un patrullaje efectivo de la Policía Nacional, situación que debe estarse repitiendo, con similares características, en otras carreteras del país. Aceptar esa inquietante realidad equivale a reconocer que vivimos en un país en extremo inseguro, como ciertamente sucede, pero eso no quiere decir que nos crucemos de brazos a esperar lo peor, en lugar de recordarle a las autoridades su responsabilidad de garantizar la seguridad de los ciudadanos que utilizan esas vías de comunicación a cualquier hora del día o la noche.

Desarme

Como unas van de cal y otras de arena hay que reconocer los esfuerzos que en los últimos días despliega la Policía Nacional para reducir en algo la extraordinaria cantidad de armas en manos de la población, al incautar cientos de armas de fuego en operativos sorpresa en discotecas, colmadones y otros centros de diversión. La Policía entiende que esas armas son en gran parte responsables de las frecuentes víctimas, en muchos casos fatales, de balas perdidas, debido a la irresponsable costumbre de muchos de coronar sus bebentinas con disparos al aire, pero también de las víctimas mortales de atracos, las infaltables riñas cuando hay alcohol de por medio o aquellas otras muertes, mucho más inútiles todavía, que se atribuyen a «motivos pasionales». Ojalá que esta iniciativa de la Policía, tan oportuna como necesaria, se convierta en una consistente política de desarme de la población ilegalmente armada.