BIENVENIDO ALVAREZ-VEGA
¿Cuál es la razón por la que, después de la capitalización, no ha habido una solución a la profunda crisis del sector eléctrico?

Para los ciudadanos comunes, como quien suscribe estas notas, es muy difícil contestar esta pregunta con precisión. Por una razón sencilla: desde la administración pasada venimos escuchando diversas explicaciones sobre las causas del agravamiento de la crisis energética.

 Originalmente se planteó, sobre todo en los días cuando el primer gobierno del PLD procuraba convencer a la opinión pública acerca de la bondad del modelo de capitalización, que la causa esencial de la crisis eléctrica era financiera. El sector necesitaba una inversión gruesa que el gobierno no podía hacer porque no tenía los recursos ni tenía la capacidad de conseguirlos en los organismos internacionales.

Desde entonces han sido explicadas y escuchadas otras razones, algunas de ellas coyunturales, como esta de los altos precios del petróleo.

 Pero lo cierto es que hoy en día el negocio de la producción, transmisión y distribución de electricidad parece ser un negocio donde todos los agentes, incluidos los usuarios finales, pierden dinero, mucho dinero.

Creo que no exagero si afirmo que con el esquema anterior, el que conocimos hasta la capitalización, a todos nos iba mejor, mucho mejor. Por supuesto, sospecho que algunos de los agentes que intervienen en el sector eléctrico está ganando dinero. Hay quienes dicen que ganó Unión FENOSA, empresa que logró vender a buenos precios dos empresas que estaban literalmente quebradas. Otros dicen que los generadores siempre ganan, aunque después de leer las declaraciones del señor González Bunster uno no sabe si esta afirmación es correcta.

   Pero lo cierto es que la sociedad dominicana aguanta esta situación por mucho tiempo más; el comercio, la industria manufacturera, el turismo, el sistema financiero y los hogares no podrán seguir soportando el costo adicional que esta crisis provoca, ni el gobierno mismo podrá continuar desembolsando 500 y 600 millones de dólares por año por concepto de un subsidio que, al final, es poco lo que logra mejorar. Como hemos planteado en otras ocasiones, si el Estado dominicano reconoce que necesita de expertos externos para diseñar unas políticas que permitan superar la crisis eléctrica, debe hacerlo.

Hay medidas anunciadas para instalar dos nuevas plantas que costarán 1,200 millones de dólares. Hay una comisión que renegociará los contratos con las plantas generadoras para bajar los costos y hacer manejable el sector. Las dos distribuidoras estatales contrataron expertos latinoamericanos para gestionarlas y hacerlas rentables. El gobierno está listo para entregar este año 500 millones de dólares para subsidiar el suministro de energía a los sectores más empobrecidos de la población.

 Sin embargo, debe decirse que algunas de estas decisiones no se corresponden con el diagnóstico que el gobierno divulga sobre la crisis energética. Varios voceros del gobierno han dicho que hay suficiente energía instalada, aunque la misma depende mucho de los derivados del petróleo. También han señalado que el meollo de la crisis está constituido porque no se cobra toda la energía que se cobra. Más todavía: se ha indicado que cerca de la mitad de la energía que se distribuye no se vende, y que quienes más evaden el pago son sectores de alto consumo.

Uno se pregunta, entonces, por qué en vez de concentrar las decisiones en instalar nuevas plantas, no hay un mayor esfuerzo en conseguir que quienes no pagan la energía que reciben lo hagan, sobre todo cuando las autoridades saben en qué sectores hay más deudores y saben quiénes son estos. Parece lógico pensar que la contratación e instalación de nuevas plantas es una decisión que puede esperar, que es más prioritario y más urgente hacer que el sector eléctrico sea financieramente sostenible.

  En los organismos internacionales no entienden por qué los dominicanos no quieren pagar la energía eléctrica que consumen y por qué quienes las distribuyen no la cobran. Aquí adentro tampoco lo entendemos mucho.

La administración del señor Hipólito Mejía hizo mucha demagogia con el suministro de energía, pero en sus manos la situación eléctrica se agravó. Dejó mayores deudas, los apagones se hicieron intensos y largos y dos de las tres distribuidoras quebraron. Ahora vamos por el mismo camino, largos apagones, incapacidad para cobrar la energía y sorpresas con decisiones que si bien parecen necesarias tomarlas en algún momento, no parecen ser las más urgentes.

Mientras tanto, poco importará que todos hablemos inglés, que sepamos manejar las computadoras, que tengamos Metro y que hagamos grandes esfuerzos para estabilizar la economía y empujar el crecimiento económico. Pienso que conseguir estas cosas para las cuales el gobierno trabaja hasta con vehemencia es importante, muy importante, pero varias de estas conquistas quedarán mediatizadas por la falta de un sistema energético eficiente, confiable y capaz de hacer rentables los negocios. Sin energía no hay avance.

Y no hablemos de la contribución de los apagones a la inseguridad ciudadana y al aumento de la delincuencia. Tampoco hablemos de cómo nuestra incapacidad para generar y distribuir energía eléctrica nos ha convertido en un hazmerreír entre los países de América Latina y el Caribe.

(bavegado@yahoo.com)