POR CARMEN CARVAJAL
Una reforma fiscal en un país que como la República Dominicana arrastra una deuda social de gran magnitud y  con los niveles de pobreza tan elevados, tiene necesariamente que encaminarse, como uno de sus puntos prioritarios, a reducir al máximo los niveles de inequidad, tanto en el ingreso como en el gasto.  La inequidad agrava los problemas sociales, aumenta la pobreza y genera ingobernabilidad, acentúa los problemas de salud y educación de la población, y con ello reduce los niveles de competitividad del país con respecto a sus competidores.

Es desde esta óptica que los miembros del Foro Ciudadano, que representan a un gran número de organizaciones de todo tipo, desde ONGs, sindicatos, gremios y entidades profesionales que trabajan para lograr esos objetivos.

Es por ello que suscriben la propuesta elaborada por el Centro de Estudios Sociales Juan Montalvo y el Centro de Investigación Económica para el Caribe. Se trata de un proyecto de reforma fiscal integral, en lo que entienden un aporte que busca contribuir a hacer eficiente al Estado, recuperar los ingresos que se perderán debido al DR-CAFTA y los que se requieren para cubrir parte de la deuda social, y eliminar o reducir al máximo la inequidad.

Rosa Cañete, economista del Centro Juan Montalvo, y Ricardo González, coordinador del proceso de incidencia, defienden con vehemencia la propuesta.

Cañete destaca que el aparato tributario dominicano está muy falto de equidad, ya que descansa sobre impuestos al consumo, que son muy regresivos, que afectan más a los pobres que a los ricos, y prácticamente no gravan la riqueza.

Este es uno de los motivos por los cuales, como señala el Informe de Desarrollo Humano del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, 50 años de crecimiento económico no han estado parejos con el índice de desarrollo humano, ya que no ha reducido la pobreza, ni mejorado la calidad de vida de los ciudadanos.

Reconoce que la reforma fiscal es necesaria, no sólo para recuperar los ingresos que se perderán por el Libre Comercio con Centroamérica y Estados Unidos, sino para que el Estado cuente con recursos suficientes para elevar el gasto social a los niveles que necesita el país.

Aunque elogia muchos de los puntos contenidos en el proyecto de reforma fiscal consensuado entre el gobierno y los empresarios, especialmente los relativos a los que buscan controlar la evasión, insiste en que no deben gravarse productos incluidos en la canasta familiar.  Es particularmente dura la resistencia al café, aceite y azúcar, que según un estudio del Banco Mundial, tienen una incidencia importante, tanto en el presupuesto de las familias más pobres, como en su ingesta de calorías diaria.

PARTICIPACIÓN NOVEDOSA

Ricardo González destaca la participación de las organizaciones sociales en las discusiones respecto a la reforma fiscal que deberá darse el país, tanto para cubrir las pérdidas de ingresos por el desmonte arancelario del libre comercio, como para cumplir compromisos con el Fondo Monetario Internacional.

Es la primera vez que se da una participación de este tipo, afirma, ya que anteriormente se reunían el gobierno y los empresarios y acordaban los cambios, y si participaban los sindicatos, lo hacían en el aire, sin una propuesta técnicamente elaborada.

En esta ocasión, se integró el Foro Ciudadano, que se apoyó en organizaciones sociales, sindicatos, CIECA y el Centro Juan Montalvo, con una propuesta viable, bien estructurada, apoyada en números reales, identificados puntos e intentando que los ingresos del Estado sean suficientes, sin cargar el peso en  los consumidores. Incluso, se reunieron con sectores empresariales más progresistas, como los Industriales de Herrera, quienes respaldaron gran parte de la propuesta.   

Los participantes de la propuesta del Foro Ciudadano entienden que no necesariamente debe ser la suya, la que al final sea aprobada en el Congreso, pero creen que hay puntos en ella que deben permanecer.

Es decir,  lucha por evitar que se grave con ITBIS los alimentos de mayor consumo y que la reforma grave la renta, más que el consumo.

Rosa Cañete considera incompresible que la riqueza pura y dura, como es el caso de los millones congelados en los bancos ganando intereses, no paguen impuesto por los intereses que devengan, que es una renta, mientras los empresarios que se arriesgan, invierten y producen empleos y riqueza, sí deben pagar.

Como también deben pagar impuestos los pobres que adquieren artículos gravados.

Si bien, ya las discusiones de consenso con el gobierno y los empresarios finalizaron, mantendrán presencia activa en el Congreso, a ver si logran el apoyo de los legisladores, especialmente de muchos de ellos que han sido partícipes de las luchas de los sectores populares y sindicales del país.

Para los integrantes del Foro resulta contradictorio que se pretenda gravar alimentos de gran consumo, cuando hay tantos artículos lujosos que prácticamente no pagan y que pueden ser cargados con más gravámenes, como el caso de los autos de lujo.

Actualmente nadie está pagando el selectivo al consumo que debe aplicarse a los vehículos de lujo, y ya que se librarán del recargo cambiario y del arancel, está la propuesta de CIECA – Juan Montalvo propone un gravamen de 17% como impuesto a la propiedad.

MEDIDAS FAVORABLES

Tanto Cañete como González  reconocen que algunos de los puntos sugeridos por el Foro han sido adaptados al proyecto que enviará el gobierno al Congreso. Entre ellos, la relativa a la vivienda suntuaria, de manera que en el caso de quienes tienen más de una vivienda, se les sume el valor de todas para fines del pago de impuesto.

Entiende muy provechoso que el gobierno y el empresariado se pusieran de acuerdo con medidas que ayudan a evitar la evasión, como es el caso del 1% a los activos y el 2% a las importaciones.

En el caso del 1%  acaba con la práctica de muchos empresarios que año atrás año declaran pérdidas y, sin embargo, sus empresas se mantienen a flote y ellos se ven económicamente sólidos.

 El que declara pérdida ya pagó al Estado el 1%, en tanto que este anticipo se le devuelve al empresario que declara ganancias cuando paga su impuesto sobre la renta.

Medidas como estas son importantes, pero es necesario criminalizar la evasión fiscal,  ya que con las condenas monetarias actuales, a muchos empresarios les resulta más barato pagar la penalización que el impuesto.

A su juicio, el impuesto sobre la renta es el más justo, menos regresivo y más progresivo impuesto, puesto que lo paga quien puede. “Nuestra propuesta gira en torno a que los impuestos se apliquen al ingreso, a la renta, y no al consumo”.

PACTO FISCAL

Hay sectores de la sociedad que  han sido sobreprotegidos, en tanto que los más pobres siempre han estado muy desprotegidos.

Es por ello, y buscando equidad, no sólo del lado de los ingresos, sino también del gasto, que el Foro propone el pacto fiscal que tiene como puntos básicos y compromiso de cómo van a ser utilizados los recursos, y un impulso a la competitividad sistémica, que es la que se logra fomentando las capacidades humanas.

Es necesario aumentar el gasto social, ya que el país, con un gasto social de 6% (promedio nacional), no puede competir con los que aplican un gasto social de 14% (promedio de América Latina), ya que eso supone que los nacionales, la mano de obra de las naciones competidoras, estará mejor educada y con mejor salud que la dominicana.

El gobierno se comprometió a subir un 1% del gasto social el próximo año, y 0.7% cada vez, los dos años siguientes.

Sin embargo, Rosa Cañete entiende que el pacato fiscal debe tener como base un amplio acuerdo de nación, que involucre a todos los sectores políticos, sociales, populares, sindicales, de manera que perdure en el tiempo y sea respetado.

PROBLEMA REGIONAL

Las personas más pobres de América Latina no se están beneficiando de las elevadas inversiones de sus gobiernos en programas sociales y la inequidad continúa aumentando entre éstos y los ricos, aseguró un informé de la ONU divulgado el jueves.

“Amplios segmentos de la población de bajos ingresos continúan excluidos de muchas áreas del bienestar público’’, señala el informe de la Situación Social en el Mundo en el 2005 de las Naciones Unidas.

La organización determinó que las reformas estructurales de América Latina en los últimos 20 años han propiciado el aumento de la brecha de inequidad, en especial en “Argentina y Venezuela’’ durante la década de los 90.

La imposición de políticas en búsqueda de un crecimiento que generara suficientes ingresos para garantizar los beneficios del estado “tuvieron consecuencias negativas a largo plazo’’, especificó un comunicado de la ONU.

Según el informe, el desempleo en América Latina pasó del 6,9 por ciento en 1993 al 9 por ciento. Gran parte de los desempleados recurren a la economía informal y sus salarios son míseros, dijo la ONU.

Las amplias diferencias entre la economía informal y formal fomentan la división social, incrementan las tensiones de la población y llevan a los pobres a no participar en el desarrollo, agregó la entidad internacional.

“Independientemente de la expansión económica de un país, la reducción de la pobreza se puede producir con mayor certeza en países en los que los gobiernos han implementado programas y políticas que promuevan la equidad’’, concluye el comunicado.