Las autoridades dominicanas no han querido entender que lo que la economía nacional  podría estar ganando por exportación de chatarras (generalmente falsas chatarras, obras infames de la pillería) lo pierde al triple por el saqueo indiscriminado y destructivo que causan los principales abastecedores de ese  “comercio exterior” que no son otros que los ladrones de metales de toda laya que desvalijan espacios públicos, que causan pérdidas enormes a compañías de teléfonos, cables y electricidad; que arrasan con tapas de alcantarillas y filtrantes y llenan de peligros mortales la vida de los viandantes, de uno a otro confín del territorio nacional. Últimamente el vandalismo  se ha propuesto dejar sin torres eléctricas al país. Pero como siempre, peor que  el hecho de que haya ladrones por doquier es para el país la verdad monda y lironda de la  falta de voluntad política  para resolver ese y otros devastadores problemas nacionales.

En ocasiones, cada vez más frecuentes, este país parece que está atrapado entre quienes delinquen, se infiltran con facilidad en instituciones  o prestan servicios  al Estado sin  tomar en cuenta los genuinos intereses de las sociedad (y regateando  atención a cuestiones vitales) y  autoridades  supremas pero desinfladas y sin contundencia que cultivan un  pragmatismo de “dejar hacer, dejar pasar”  por extrema consideración a lo fáctico y a los vínculos de amistad y de política.

Combatir el mal en sus raíces

Para colocar en relieve que los ladrones han puesto de rodillas a este país robándose hasta aviones y arrasando con la ganadería, logrando complicidades y aprovechándose de impresionantes negligencias de autoridades, habría que señalar además lo que ha ocurrido con iglesias y con los equipos de informática de numerosas escuelas  públicas, saqueadas y denigradas por el azote permanente de anti sociales. Y mientras más supuestos asaltantes mata la Policía, retratándose ante el mundo como muy irrespetuosa  de la vida, más crece la delincuencia.

 El Estado parece haber fallado en la asignación de responsabilidades para la vigilancia de la ley. El asesinato de Ubrí Boció  puede ser visto como una consecuencia del vínculo tolerante y coadyuvante de los acusados con oficiales de las propias instituciones a que pertenecía con lealtad la víctima,  una vida segada por trozos del mismo palo.