Declaraciones infundadas, que no corresponden a la realidad. Así califican defensores públicos y abogados las afirmaciones del presidente del Colegio de Abogados de República Dominicana (CARD), Miguel Surun, quien acusó a la Defensa Pública de desvirtuar su función al representar a personas que tienen recursos para pagar en la vía privada.

Ven como una ligereza la denuncia que hace de que defensores públicos cobran a algunos imputados, por entender que esta es una acusación seria que debe llevarse a la instancia correspondiente.

La Constitución es clara cuando establece a quiénes se les suministrará una defensa pública, sostuvo el defensor Roberto Clemente, quien indicó que el presidente del Card es miembro del Consejo de la Defensoría Pública, donde tiene voz y voto, por lo que entienden esos planteamientos se debieron hacer ahí.

El abogado de oficio Rodolfo Valentín explica que si ellos asumen los casos de personas sin abogados es precisamente porque el colegio no se ha encargado de procesar disciplinariamente a un montón de abogados que llevan el proceso hasta donde paga el cliente.

Refirió que las estadísticas de esa dependencia revelan que más de nueve mil casos al año de abogados privados deben ser asumidos por abandono.

Valentín sostiene que los defensores públicos no van a los tribunales a perder el tiempo, mientras muchos abogados toman de relajo a los jueces, quienes por sus ausencias se ven precisados a asignar defensoría pública a los imputados para no estancar los procesos.

“No importa el caso, tenga o no tenga dinero esto se produce por el relajo que tienen los abogados privados en los tribunales de la República” aseguró el veterano defensor.

Con Valentín coincide el abogado penalista Martín Peguero, ambos entienden que hace falta capacitación de los abogados que ejercen en los tribunales de la república. Esas deficiencias hacen que permanentemente se requieran los defensores de oficio.

Pero el profesional del derecho Félix Enrique sostiene que el marco legal establece que la defensoría pública es para las personas de escasos recursos y que aunque un juez lo imponga la Defensa Pública está en la facultad de decir que no, porque no se cumplen con los requerimientos.