POR GERMAN MARTE Y ODALIS MEJIA
La República Dominicana es la única nación en el mundo que no cuenta con un marco legal para la contratación de obras y servicios del Estado, destacó ayer el diputado peledeísta Alejandro Montás, quien afirmó que en el país han sido otorgadas de «grado a grado» obras por un valor aproximado a los US$1,200 millones en las últimas décadas.

Montás sostuvo que»prácticamente todos los gobiernos han otorgado obras de grado a grado y, aunque la mayoría de los sectores consideran esta acción como un acto de corrupción, y de hecho es así, la realidad es que no existe un marco legal que prohíba taxativamente esta decisión gubernamental».

El legislador hizo la observación al participar en un encuentro organizado por el movimiento cívico Participación Ciudadana, en el que se analizó el Proyecto de Ley de Contrataciones Públicas de Obras, Bienes, Servicios y Concesiones, como parte de la campaña «Congresista es una necesidad» en la que insta a los legisladores a aprobar esta pieza.

Montás consideró que con el referido proyecto se persigue que el Estado tenga en sus manos un instrumento legal que le permita, siempre que se imponga la voluntad política, terminar con las concesiones graciosas que, según dijo, han servido para enriquecer a muchas personas.

Explicó que si bien en el país existen numerosas leyes, reglamentos y decretos dispersos, los mismos «no garantizan un manejo apropiado, transparente, rápido y de calidad y al menor costo posible del uso de los recursos públicos en las contrataciones».

El proyecto de Ley Contrataciones Públicas de Obras, Bienes, Servicios y Concesiones está en la Cámara de Diputados desde el año 2000. Empero, este miércoles el presidente Leonel Fernández remitió al Senado el «Proyecto de Ley de Compras y Contrataciones de Bienes, Obras, Servicios y Concesiones».

De acuerdo con Montás, la iniciativa del presidente demuestra que las autoridades persiguen borrar la práctica del «grado a grado». En términos semejantes se pronunció su colega Euclides Sánchez (PLD-La Vega) quien destacó que en el gobierno existe la voluntad política para que se apruebe el proyecto de ley.

PRACTICA PERNICIOSA

De su lado, la coordinadora de la Comisión de Transparencia de la Gestión Pública de Participación Ciudadana, Miriam Díaz, recalcó que el gobierno dominicano invierte grandes recursos en obras públicas, la mayoría de las cuales se otorgan «grado a grado». Dijo que se trata de práctica «perniciosa» que estimula y acrecienta la extendida corrupción.

Administrativa

De acuerdo con la socióloga y catedrática universitaria el «grado a grado» supone como promedio una sobrevaloración de 30% en el costo de las obras públicas, «lo cual constituye una grave e inaceptable lesión al patrimonio público».

Dijo que la flexibilidad de las normas que rigen estos aspectos han fortalecido el desvío de crecientes recursos que debería ser destinados a solucionar los crecientes problemas de pobreza que enfrenta el país. Consideró que para la aprobación de la Ley de Contrataciones Públicas de Obras, Bienes y Servicios y Concesiones debe tomarse en cuenta el proyecto de la Cámara de Diputados porque es el más completo.

ROQUE MUÑOZ

A su vez, el ingeniero Roque Napoleón Muñoz calificó el «grado a grado» de lacra administrativa, y adujo que desde hace 44 años el CODIA está luchando contra ese flagelo. Estableció que esta modalidad de corrupción incrementa considerablemente los costos de las obras estatales.

«Estudios comparativos entre concursos y obras de grado a grado establecen que el promedio es un 30%, porque cuando se dan grado a grado se sobrevaloran las obras, se echa por la borda un 30% como mínimo, aparte de los beneficios que tienen los contratistas, y cuando se trata de excavaciones sube hasta un 50 por ciento», indicó.

Dijo que la peor consecuencia de un grado a grado es que no tienen supervisión, «el contratista hace lo que le da la gana, hace el trabajo como le da la gana, no tiene especificaciones, no se somete a reglas entonces el mantenimiento es doble de los que se ha gastado al contratar la obra».

Expresó que este es el mejor momento de aprobar el proyecto en momentos en que el país que está abocado a firmar acuerdos financieros internacionales con instituciones que exigen claridad en el manejo del Estado.

«Si estamos hablando de globalización, avance, modernización como es posible que un secretario de Obras públicas entregue en Los Alcarrizos una obra de grado a grado por que así se ha hecho siempre», apuntó, tras destacar que esa la vía más propicia para la corrupción y gastar el dinero del pueblo. Dijo que el proyecto que cursa en el Congreso está consensuado con todos los sectores que intervienen en la construcción.