Para que la ciudadanía y la sociedad en general puedan ejercer el control democrático, los servidores públicos están sujetos a mecanismos que deben garantizar la transparencia de sus respectivas actuaciones e instituciones. Para poder legitimar sus gestiones, los funcionarios públicos tienen la obligación de rendir cuentas, siendo una condición necesaria para el otorgamiento del correspondiente descargo que el pueblo conozca, sepa, se informe, sin más limitaciones que la seguridad del Estado, de todo cuanto concierna a la actividad pública desplegada por quienes han recibido el mandato de ejercer el poder por representación.

Ahora que, frente a un ejercicio de información periodística responsable y sostenido de dos comunicadoras y de varios comunicadores, un legislador oficialista, reconoce y defiende con uñas y dientes el nepotismo, cabría recordar que sin mecanismos de control no hay democracia. Pero sería ilusorio pensar que, sin informaciones o con publicaciones de informaciones dispersas, distorsionadas o intrascendentes o reducidas a un informe anual o cada cuatro años, los ciudadanos puedan ejercer su poder de fiscalización y control dentro de la perspectiva de la convivencia democrática.   

Rendir cuentas implica que los funcionarios, de elección o de designación, están obligados a comunicar, transparentar, dar a conocer –sin ser requeridos ni obligados- a la ciudadanía las actividades y actos de gobierno, para demostrarles a quienes les han delegado su poder que han actuado correctamente.

Contamos con mecanismos de control que más bien son de tipo horizontal, donde se ha puesto mucho énfasis normativo en la última década. Por su comportamiento pasivo, omisivo y hasta connivente con quienes deben fiscalizar, estos instrumentos son pura y esencialmente formales en una democracia en ciernes como la nuestra. Son estos, entre otros, la Contraloría General de la República –control interno-, la Cámara de Cuentas-control externo-, así como los contrapesos derivados de la división de poderes, como lo es que el control que debería ejercer el poder legislativo sobre el poder ejecutivo y el control de la constitucionalidad de los actos del poder ejecutivo y del poder legislativo por parte del poder judicial.

Debido al retraso en la entrada en vigor efectiva de los instrumentos de control horizontal de la actividad pública, viene adquiriendo fuerza la idea de la rendición de cuentas vertical o lo que es lo mismo el control estatal por parte de la sociedad civil, por oposición a la burocracia estatal. Para hacer concreto este mecanismo de control vertical y frente a la cultura de ocultamiento, distorsión y falta de publicidad de sus actos, por parte de las autoridades gubernamentales, fue aprobada la ley de acceso a la información pública, para permitir a la ciudadanía pedir y obtener las informaciones, sin más formalidades que la sola demostración de ser dominicano o dominicana.

Al diputado peledeísta y a quienes piensan y actúan como él, que son muchos y muchas de los que figuran en la nómina pública, cabe recordarles que, aunque ciertamente, como lo demuestran funcionarios públicos como estos, con sus penosas, degradantes y sancionables actuaciones, nos quieren conducir a hacerla impráctica e inexistente, la democracia descansa en el auténtico soberano – el pueblo -, que solo ha otorgado mandato a sus representantes para ejercer el poder, pero que con su voto no lo ha cedido, ni ha renunciado a sus derechos ciudadanos.

Funcionarios como estos, que ignoran, masacran y se burlan de sus deberes democráticos, al tiempo que desafían a la ciudadanía, que ejerce su legítimo derecho de crear una cultura democrática en el país, si no renuncian en el acto, deben ser sometidos al escrutinio público, incluido al juicio político, por incumplimiento de sus obligaciones fundamentales y por violación de las normas que castigan el manejo irregular de los recursos y funciones públicas. Pero esto pasa, con este y con otros que ya antes han reconocido y defendido públicamente sus actuaciones contrarias al deber público, y ni los partidos a los que pertenecen, ni las autoridades públicas encargadas de la investigación, persecución y acusación, ni los poderes públicos a los que pertenecen o de los que dependen toman acciones contundentes con las que se busque frenar y disminuir este tipo de inconductas. Nos toca a todas y todas ejercer nuestro derecho a una gestión pública integra y de caras al sol. Ese es el reto.