El país ha tenido la desdicha de ver como algunos partidos desdeñan y pisotean las virtudes de la democracia interna y los derechos que ella consagra a sus militantes, para involucrarse en acciones mezquinas que en nada benefician al país.

Hemos sido testigos de la sustitución de candidatos que ganaron en buena lid las convenciones internas de sus partidos por personajes que no han llenado ese requisito, como si se tratara de simples objetos, no sujetos.

Del mismo modo, podemos testificar que se ha pretendido inscribir ante la Junta Central Electoral (JCE) «candidaturas» que no son tales porque no llenan el requisito de la Ley Electoral que establece que para ser candidato hay que haber sido elegido en una asamblea o convención interna, o por medio de los procedimientos previstos en los estatutos del partido de que se trate.

Y también nos hemos percatado de que se ha pretendido hacer cambios indebidos en candidaturas ya inscritas, para acomodar las cosas a particulares conveniencias, en perjuicio de la institucionalidad establecida por la democracia.

Hemos visto, además, la manera en que se ha querido traspasar a la JCE los problemas generados en cada una de las organizaciones aliadas, como si correspondiera a esa institución apaciguar los justificados enojos internos provocados por las barbaridades cometidas por los líderes de los partidos en alianza.

-II-

Visto todo lo anterior, no hay lugar para asombros por el hecho de que los dos partidos que conforman esa alianza hayan pronunciado su respaldo «100 por ciento» a la sinrazón de fraccionar la actual provincia Santo Domingo para crear otra demarcación igual, con el nombre de Matías Ramón Mella.

Tampoco debe extrañar que estos mismos liderazgos hayan proclamado su apoyo a la designación administrativa, para la nueva provincia, de personas en cargos que deben ser asignados por elección.

Si dos organizaciones han sido capaces de enfrascarse en una alianza que conlleva el desconocimiento de los derechos de candidatos elegidos como manda la ley para reemplazarlos por otros «de dedo», ¿cómo puede asombrarnos el hecho de que proclamen su respaldo absoluto para una división territorial politiquera e interesada, sin ninguna justificación?

La creación de una nueva provincia es un invento que sólo puede tener cabida en un estilo de marketing político como el que nos gastamos los dominicanos y que se caracteriza por interpretar que el fin justifica los medios, aunque éstos atropellen la razón.

Lo menos que puede pedirse es que el proyecto de división territorial al que apoyan en un 100 por ciento los partidos de la alianza que aludimos, sea sepultado por el peso de la razón.

Estamos a tiempo de demostrarle a la sociedad que somos capaces de un ejercicio político capaz de respetar las reglas de la democracia que lo sustenta y los derechos que la misma garantiza.