El vicepresidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), Manuel A. Quiroz, acaba de rendir su informe semestral acerca del estado del ejercicio periodístico en la República Dominicana.

Quiroz, director de El Caribe, resalta que “no se han registrado cambios ni hechos significativos en el panorama general del ejercicio periodístico” en el país y pondera el avance de los trabajos consensuados para sustituir la vieja Ley 6132 sobre Expresión y Difusión del Pensamiento por una nueva ley de prensa.

Disentir del más importante heredero de la tradición periodística del doctor Germán E. Ornes en cuanto a la defensa de las libertades no es tarea grata. Quizás ni siquiera sea necesario, puesto que la ética –entendida como conjunto de reglas sobre cómo se ejerce un oficio o profesión— entre los propietarios y directores de medios dominicanos incluye un grado de falsa civilidad que supone no pisarse los callos unos a otros.

Pero hay dos asuntos que, a mi modesto parecer, no pueden continuar siendo ignorados por quienes aspiremos a tener una mejor prensa, como fundamento imprescindible para perfeccionar nuestra democracia. La primera es la creciente e inobjetada práctica de ejercer simultáneamente las relaciones públicas y el periodismo (y no me refiero sólo ni mayormente al lamentable pluriempleo de muchos esforzados colegas). La segunda es la insólita circunstancia de que los dos principales diarios tengan a sus accionistas mayoritarios cumpliendo condenas por flagrantes fraudes bancarios.

Ha habido días que al leer alguno de los diarios cualquier avisado observador puede ver cómo, tanto en sus informaciones como en sus opiniones, prima de manera vergonzosa el interés de los propietarios encarcelados sobre el compromiso deontológico de servir al público la verdad como mejor se pueda conocer, para que cada cual decida en consecuencia, u opinar con arreglo al mejor interés público cuando se presume de imparcial o identificando cuál interés legítimo se defiende al transparentar la parcialidad.

Indudablemente hay en el país tanta libertad de prensa que a veces parece que la opinión pública está abrumada por el exceso y por tanto pierde efectividad como contrapeso de los poderes públicos.

Pero la propia prensa, aun contraviniendo esa cómoda pero contraproducente conveniencia corporativa, merece ocuparse de la pesada tarea de auto-regularse y purgarse. Seguramente saldrá fortalecida, habrá más credibilidad y tendremos un mejor país.