La búsqueda, hasta ahora infructuosa, de setentinueve viajeros furtivos desaparecidos en el mar cuando pretendían llegar a Puerto Rico en una frágil embarcación, parece encajar en aquellas rutinas que, por su frecuencia, se hacen cotidianas, parte del diario vivir.

Tan desgarradora realidad, sin embargo, es la materia prima de un lucrativo negocio que tiene entre sus distintivos más indignantes la abundante reincidencia de organizadores entrelazada con sospechadas complicidades que venden impunidad, y cuando no, el escapismo asombroso que libra a los responsables de estas travesías de ser capturados por la justicia.

La cuenta luctuosa, cada día más abultada, es el epílogo de quienes persiguen una mejor vida a través de la peor de las fórmulas: montarse en una frágil yola y desafiar la traicionera bravura del Canal de la Mona.

En ocasiones, la Marina de Guerra suele decir que tiene bajo control estas expediciones temerarias, pero este aserto no es más que una ilusión cosmética, retórica, de puro declaracionismo huérfano de realidad. Mejor sería admitir que no se tienen los medios adecuados y suficientes para, virtualmente, «sellar» nuestras costas y mantener a raya a los viajeros ilegales, pues el ufanarse de lo que no es ni ha sido siempre recibe como mentís notas tan desgarradoras como la que ocupa esta vez nuestra atención.

Habría que infiltrarse en la intimidad de cada expedicionario para tratar de comprender las razones que impulsan a arriesgar precisamente la vida, que es lo que cada viajero aspira a valorizar y mejorar buscando oportunidades allende los mares. Hay mucha gente que se desprende de propiedades que pudieren garantizarles medios de producción y de vida, y lo hace para costear el «pasaje» en yola. Habría que invadir carne y espíritu de cada viajero para desentrañar el por qué de esta conducta.

De cualquier manera, la migración furtiva tiene sus costos que la gente paga y su rentabilidad que el crimen disfruta. Y pasa con tanta frecuencia que nos deja, como ahora, la dolorosa sensación de que no ha habido novedad.

¿Indulto o insulto?

La Procuraduría General de la República ha recomendado al Poder Ejecutivo que beneficie con el indulto a 514 reos de las distintas cárceles del país. Si no fuese por graves dislates del pasado, sería un prejuicio tomar con reservas y suspicacia esta recomendación.

La práctica del indulto, que hemos convertido en una especie de aberración constitucional, ha estado en los últimos tiempos viciada de tal manera que perjudica a la sociedad y parece mofarse de la administración de justicia. Se trata de una facultad invasiva que se confiere al Poder Ejecutivo para que pueda deshacer, de un plumazo, la sentencia emitida por un miembro facultado del Poder Judicial sobre la base de procesos generalmente complicados, durante los cuales es menester hacer que las pruebas sustancien la acusación y condena.

Alguna vez habrá que ver con detenimiento esta figura jurídica que en los últimos tiempos se ha prestado para enojosas travesuras.

Para esta ocasión, que habrá de coincidir con el relevo de mando, aspiramos que el beneficio del indulto se apegue a su mejor esencia y no se convierta, como en veces anteriores, en un deplorable insulto para la sociedad.