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La necesidad de ahorrar combustibles y energía para disminuir nuestra factura petrolera se ha quedado en el enunciado puro y simple. No hemos visto todavía que se haya trazado desde el Gobierno la primera pauta que haga obligatorio el ahorro en las dependencias del Estado.

Plantearle a los funcionarios la necesidad de ahorrar no tiene los mismos efectos que un mandato basado en recomendaciones técnicas para el ahorro.

Una cosa es pedir que se consuma menos combustibles y otra muy distinta sería establecer, por ejemplo, un régimen para el uso de vehículos oficiales, sobre todo en días feriados o no laborables.

Los usuarios familiares, comerciales e industriales establecen sus fórmulas de ahorro y las imponen, pues las facturas por uso de la energía y gasto de combustibles afectan directamente sus economías.

En las dependencias del Estado es distinta la cuestión, pues ningún gasto recae sobre los ingresos de funcionarios y empleados, sino del erario. Por eso es que planteamos la necesidad de que un equipo técnico elabore una guía de ahorro de combustibles y energía y que se imponga como regla.

–II–

En estos tiempos, la incertidumbre más seria para las economías pequeñas la constituyen las alzas constantes de los precios del petróleo.

Aparentemente, cualquier particular con una economía holgada puede darse el lujo de derrochar combustibles o energía eléctrica sin afectar la economía general del país.

En la realidad, en la práctica, no es así, pues mientras los costos para el usuario son en pesos, para el país como tal son en dólares y nada garantiza que la reposición del hidrocarburo consumido se hará a los mismos precios que cuando se produjo el consumo.

Aún cuando hay una fuerte penalización fiscal sobre los combustibles, para el país resulta una carga fuerte cubrir una factura petrolera cada vez más alta por causa de los precios internacionales del crudo.

El problema no es solamente producir los dólares necesarios para cubrir esa factura, sino que el pago de una factura petrolera cada vez más alta obliga a desviar divisas que deberían destinarse a otros menesteres, entre los cuales cabe citar el ahorro y las reservas.

Los efectos perjudiciales de la factura petrolera se notan con mayor rigor en el comportamiento del mercado eléctrico, que por tazones bien conocidas no puede aumentar sus tarifas cada vez que aumenten los combustibles, pero que, en cambio, tiene que hacer recortes en el suministro para poder compensar.

Se impone, pues, que un equipo de técnicos del Gobierno elabore una guía de ahorro de energía y carburantes en la administración pública y que esa guía se imponga como pauta de cumplimiento obligatorio.

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