Estará recluido en cárcel Najayo por su seguridad; la audiencia preliminar será el 19 de marzo

Un año de prisión preventiva deberá cumplir Argenis Contreras, acusado por el secuestro y asesinato del abogado y profesor universitario Yuniol Ramírez, por disposición del Cuarto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, a la cual no se opusieron sus abogados por considerarlo lo más idóneo para preservar su integridad física.

El encartado, quien ha manifestado que su vida corre peligro a raíz del escándalo de corrupción que estalló en la Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses (OMSA) durante la gestión de Manuel Rivas, guardará prisión en el Centro de Corrección y Rehabilitación de Najayo Hombres, en San Cristóbal, recinto que sus representantes legales consideran seguro para su defendido.

Además, la jueza interina Kenya Romero levantó el estado de rebeldía que pesaba contra el imputado y fijó su audiencia preliminar para el 19 de marzo, una semana después del fallo que este tribunal planea emitir sobre la solicitud de apertura a juicio contra el resto de acusados por este caso, José Mercado (el Grande), Víctor Ravelo Campos (el Herrero); Jorge Luis Abreu Fabián (el Taxista) y Heidy Carolina Peña, pareja de Contreras.

La defensa técnica de Argenis Contreras adelantó que se opondrán a que su expediente sea fusionado con el de los demás encartados, como pretende solicitar el Ministerio Público a fin de que el caso llegue unificado a un eventual juicio de fondo.

Por los presuntos actos de corrupción que envuelven este caso son procesados en ese juzgado Manuel Rivas, exdirector de la OMSA; Faustino Rosario, exdirector financiero de esa entidad; y el empresario Eddy Santana Zorrilla.

El interrogatorio. A las 5:00 de la tarde, y tras concluir la medida de coerción, en la que le fue dictado un año de presión preventiva, Argenis Contreras fue llevado a la Procuraduría General de la República, para concluir los interrogatorios a que fue sometido por cuatro días seguidos. Plutarco Jáquez, abogado de Argenis, dijo que su defendido dijo todo cuanto sabe del caso y que corresponde al Ministerio Público (MP) dar el uso que entienda y determinar las consecuencias que eso puede tener. El abogado deploró la forma como el MP anterior llevo ese caso.

“Este es un proceso donde hubo actuaciones asqueantes del Ministerio Público que dirigía Olga Diná Llaverías y el exprocurador Jean Alain Rodríguez, porque manipularon el expediente y dejaron a los políticos, coroneles y militares fuera”, explicó Jáquez.

Un caso complejo. Wilson Camacho, titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), explicó que este caso fue declarado complejo, por lo que el proceso que se abre contra Contreras corre la misma suerte.

Indicó que el Ministerio Público todavía no ha culminado el interrogatorio al imputado y adelantó que seguirá hasta obtener la mayor cantidad de información posible.
“Buscamos aproximarnos tanto como se pueda al conocimiento de la verdad y, más adelante, veremos hacia dónde nos llevan esas informaciones”, declaró.

Contreras, quien fue funcionario de la OMSA en las áreas de compras y supervisión general, ha sido interrogado en la sede de la Procuraduría General de la República (PGR) todos los días desde que fue deportado por Estados Unidos el pasado martes.

Los hechos y su tipificación. El encartado enfrenta las mismas imputaciones que reposan en la acusación que había depositado la Fiscalía del Distrito Nacional en marzo de 2019, que otorgó al caso la calificación jurídica de asociación de malhechores, asesinato y ocultamiento del cadáver, así como actos de soborno.

La solicitud de medidas de coerción sitúa el inicio de su relato fáctico el 19 de junio de 2017, cuando Yuniol Ramírez, presidente de la Convergencia Nacional de Abogados (CONA), solicitó al director de la OMSA, en virtud de la la Ley 200-04, sobre Libre Acceso a la Información Pública, la entrega de documentos sobre la administración de esa entidad pública desde el año 2012 al 2017. Por la negativa de Rivas, el abogado depositó en el Tribunal Superior Administrativo un recurso de amparo.

A raíz de esta situación, continúa el documento, Rivas contactó a Contreras, Faustino Rosario y Eddy Santana Zorrilla, quien es suplidor de esa institución, para tratar de buscarle una solución extrajudicial a ese conflicto.

Agrega que a las 3:14 de la tarde del 11 de octubre de ese año, Contreras llegó a bordo de un camioneta al edificio Nueva Universidad de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), donde se encontraba impartiendo docencia Ramírez. Tras recibir una llamada del imputado, Ramírez se montó en el asiento delantero del pasajero para conversar con Contreras, quien estaba del lado del conductor, momentos después le realizó un disparo en la cabeza al abogado y profesor.

El escrito indica que Contreras se comunicó con José Mercado (el Grande), quienes se trasladaron hacia la cañada Arroyo Varía, sector Manoguayabo, Santo Domingo Oeste, después colocaron alrededor del cuerpo una cadena y dos bloques de construcción, y lo lazaron a la cañada.

Narra que al día siguiente, a las 12:40 de la madrugada, el imputado Contreras compró un boleto aéreo con destino a Miami para evadir la justicia. Fue al Aeropuerto Internacional Las Américas (AILA) y tomó el avión a las 1:11 de la tarde. Media hora después fue hallado el cuerpo de Ramírez en el arroyo de SDO.