Con los aprestos con que los partidos políticos madrugaron para lanzarse a un proselitismo frenético en busca de retener o retomar el poder, ciudadanos y ciudadanas esperan que con tales ímpetus pongan sus miras en enfrentar de raíz, no por las ramas, a un potente estimulante de la violencia: la extrema desigualdad social, mal de males que deshumaniza el desarrollo.

Cansados de prometidas soluciones, gobierno tras gobierno incumplidas, ahogan la apatía y vuelven a reclamar que decididamente se comprometan, no de palabras sino de hechos, a pagar la enorme deuda social acumulada durante medio siglo de expansión económica.

Y que en un gran esfuerzo colectivo, junto a toda la sociedad, la República Dominicana logre que en vez del lugar 93 ocupado en junio pasado en el Índice de Paz Global, se vaya encaminando hacia un mejor posicionamiento, creando las condiciones imperantes en países con menos violencia, el Uruguay por ejemplo, el más pacífico de los países latinoamericanos, con el puesto 50.

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Lograrlo exige que con los denodados bríos que los partidos vuelven a prácticas deleznables en la conquista de tránsfugas y electores, centren su accionar en la forja de un país más equitativo y sostenible, con educación, salud, empleo y seguridad social de calidad, así como una mejor gobernanza de los recursos naturales.

Es el sentir de ciudadanos insatisfechos con el proceder político ante la desigualdad y la violencia, de ciudadanas que aspiran a vivir en una sociedad donde la justicia social haga fluir la paz, sea posible una sana convivencia, el bienestar material y espiritual para todos y todas.

Y vaya disipándose el miedo engendrado por la delincuencia y la inseguridad, la angustia ante la horrenda criminalidad, los frecuentes feminicidios y jóvenes abatidos por las balas, los atracos, violaciones sexuales, abuso infantil.

Es el anhelo de electores que con enojo o desaliento ven retornar la efervescencia política con sus pactos de toma y daca, el derroche de dinero y energías que deben volcar en la solución de problemas perpetuados por la desatención o inadecuado manejo. Elevan sus voces para que en lo que resta del actual mandato y en el próximo, los gobernantes se concentren en acciones efectivas contra la delincuencia, la inflación y el desempleo, principales preocupaciones citadas en la encuesta Gallup de junio del 2023, reiteración de sondeos anteriores. Tres prioridades entre muchos otros agobiantes problemas económicos y sociales que desencadenan tensiones y violencia: el caos del tránsito y accidentes vehiculares, aumento del consumo de alcohol y drogas narcóticas, en medio de privaciones por el alto costo de la vida, la inflación acumulada y bajos ingresos.

Cambios estructurales

Con el retorno del crecimiento económico y ausente ya la excusa de la pandemia del covid-19, el Gobierno y el sector privado tienen pendiente una agenda de cambios estructurales que permitan una distribución más equitativa de la riqueza, a fin de combatir la pobreza, la extrema desigualdad de ingresos y de oportunidades, la desigual dotación de capacidades provocada por la inequidad histórica.

Cambios que pongan fin a un modelo de desarrollo que crece beneficiando a una minoría, y se establezca un ordenamiento económico y social inclusivo que articule las políticas económica, productiva, laboral, social y ambiental.

Posible –si hay voluntad política–, mediante una estrategia de desarrollo que conjugue eficiencia económica y justicia social, descontinuando una estructura reproductora de la desigualdad, la que, acrecentada en las últimas décadas, insufló la violencia.

Retornarán a las urnas

Los votantes volverán a las urnas en 2024 con el aliento de constatar un mayor esfuerzo del Ministerio Público contra la corrupción, pero sin que desaparezcan la débil institucionalidad, los viejos patrones del patrimonialismo y el clientelismo, herencia de administraciones anteriores que fomentaron la compra de votos.

En la agenda pendiente no se puede soslayar la necesidad de un pacto fiscal, de una reforma tributaria justa, que los impuestos recaigan más en la riqueza que en el consumo, penalizando menos a los sectores de menores ingresos. Mejorar cualitativamente el gasto público, racionalizarlo, y que los contribuyentes sean retribuidos con servicios sociales de calidad.

Es prioritario descontinuar un orden social que tiene por herencia el autoritarismo y la cultura del privilegio, diseñado para imponer la voluntad de la élite política y económica, haciendo posibles enojosas desigualdades presentes en medio siglo de expansión económica, de adelantos materiales insospechados frente a indescriptibles carencias en la población más pobre y vulnerable, junto a una escasa movilidad en los estratos medios.

Tarea impostergable que requiere de gobernantes convencidos de que urge empezar a construir un país justo, una cultura de paz, que estén conscientes de que ese reto es posible, de que ese desafío ético y moral no es una quimera.

Una meta alcanzable si se convierte en una agenda diaria con la participación activa de toda la sociedad, en un propósito firme que penetre las paredes del hogar y de la escuela, que atenúe la violencia doméstica y callejera, permee la educación y permita una convivencia pacífica.

Sin dejarse abatir por promesas incumplidas, electores vuelven a clamar para que los políticos en el gobierno y en la oposición, iglesias, medios de comunicación y la sociedad civil participen activa y persistentemente en la búsqueda inaplazable de la paz, en una lucha sin tregua contra la pobreza, la exclusión y la violencia.

¡Un compromiso individual y colectivo!

Educar, un mejor índice de desarrollo humano.

La RD necesita gobernantes para 2024- 2028 dispuestos a crear un clima de paz, decididos a lograr mayor inclusión social mediante una estrategia de desarrollo con enfoque de derechos que erradique el asistencialismo reproductor de la pobreza, con políticas sociales de calidad, empleos justamente remunerados y dotación de servicios eficientes, avanzando así en el desarrollo humano.
Urgen ciudadanos despojados de la abulia que hace posible la permisividad, la conducta del dejar hacer. Liberados de la resignación y tole- rancia, la indiferencia que refuerza la complicidad del silencio. Capaces de luchar con denuedo contra la inequidad social, asociada a la desigualdad económica, a la avaricia.
Desigualdades sin límites se evidencian en la vivienda, alimentación, educación y salud, empleo, agua potable, electricidad y otros servicios sociales; tecnología, actividad deportiva, cultural y entretenimiento. En múltiples dimensiones de la exclusión que se encadenan, entrecruzan y potencian entre sí.
La desigualdad económica y social contra poblaciones excluidas ha sido piedra de escándalo con la ostentación y disfrute impune de fortunas mal habidas por políticos, empresarios y militares enriquecidos con el saqueo del erario, narcotráfico y lavado de activos. Provocación que indujo a buscar dinero fácil, convirtiendo en delincuentes a personas que padecen esa violencia estructural y la devuelven como violencia social.