Tirso Mejía Ricart 
Tirso Mejía-Ricart
La últimas declaraciones de los presidentes de la Junta Central Electoral(JCE), el Tribunal Superior Electoral (TSE) y la Procuraduría General de la República (PGR), con respecto a la compra de votos y cédulas, además de que los tres organismos contarían con los servicios de información y vigilancia para someter a los que compran y venden cédulas, no pasaría de ser un mecanismo para burlar nuevamente la voluntad popular a través del dinero corrupto, para que luego se imponga el “hecho cumplido” para que se tengan que aceptar los resultados de urnas contaminadas por los delincuentes electorales.
La ciudadanía no quiere esperar que esos hechos “deleznables “se repitan. La fuerza pública a cargo de la JCE no puede contemplar pasivamente lo que esté sucediendo en su entorno, sino patrullar en las afueras de los recintos, incluyendo los negocios y vehículos por denuncias o simples sospechas de que se está produciendo ese tráfico incalificable contra la soberanía popular, a fin de parar en seco esa actuación escandalosa. Lo mismo deben hacer los fiscales y jueces que arbitren en esos casos, o de lo contrario la ciudadanía no va a permitir esa violación flagrante de la Constitución y las leyes.
La verdad es que se necesita mucho cinismo de parte del Procurador General de la República, para que a estas alturas, después de lo que ha estado haciendo con grandes desfalcos y contra el Estado dominicano con los de Odebrecht, Embraer y OISOE, etc, que pasen años sin que se puedan resolver ahora viene a decir que sus fiscales van a resolver algo frente a posteriori ante denuncias de compra y venta de votos y cédulas; ni hablar de compra de delegados y directores de colegios electorales para sus fechorías.
Es importante hacer conciencia en la ciudadanía para que ejerza su voto libre de ataduras de ningún género, de que se identifique cabalmente a los electores y se permita que los delegados de los partidos ejerzan libremente su papel de defensa del voto; pero sin la presencia efectiva de una policía militar-policial, que en ejercicio de los derechos que le otorga la ley imponga el respeto, la disciplina y el orden constitucional protegiendo el voto libre y el cómputo no contaminado de los resultados, no se está protegiendo la paz democrática en la República Dominicana.
