MANUEL QUIROZ 
Además de los sobornos, que en este país es una práctica vieja y que no se limita a la adjudicación de obras públicas, ya que se registra en diversas formas y modalidades, persisten acciones dañinas y contrarias al interés común y a pesar de su gravedad las sanciones brillan por su ausencia.
Sin un auténtico y sistemático mecanismo de consecuencias, amparo al cumplimiento de la ley y en aras de la defensa colectiva de la población, será difícil erradicar o cuando menos disminuir las prácticas deletéreas emprendidas dentro del afán desmedido de lucro.
La falta de firmeza y protección en este vital aspecto quedó nuevamente evidenciada a propósito de la denuncia de comerciantes, y comprobada por medios de comunicación, de que el mercado nacional ha vuelto a ser inundado por leche en polvo a granel que, además de no reunir condiciones de calidad, su consumo constituye un peligro, ya que se ha comprobado que contiene sustancias contrarias a la salud.
¿Cómo es posible que se haya permitido nuevamente la entrada de cargamentos de esta leche, que no es tal según Proconsumidor y que se esté vendiendo abiertamente en el país, a pesar de que a fines del año pasado su importación y expendio al público fue prohibida por ese organismo.
¿Qué intereses se mueven detrás de una operación que es a todas luces anómala, ilegal y contraria a algo tan fundamental como es la salud pública? ¿O es que ésta no cuenta cuando se trata de acrecentar los bolsillos de personas insensibles e inescrupulosas? Como ha señalado Eric Rivero, presidente de Aproleche, esta perjudicial práctica continuará hasta que, además de decomisos, las autoridades se decidan a someter a la justicia a los propietarios de empresas y comercios que se dediquen a la comercialización de leche a granel.
La directora de Proconsumidor, Anina del Castillo, ha dejado claramente establecido que ningún comerciante puede alegar ignorancia o desconocimiento de la prohibición porque la ley es de cumplimiento obligatorio.
Veinte salarios mínimos es la sanción que se debe aplicar cuando se registran casos de venta de alimentos no aptos para el consumo humano, como incluso llegó a comprobar el programa El Informe de Alicia Ortega al analizar muestras de leche a granel en un laboratorio, donde encontraron de 9 a 11 microorganismos causantes de diversas enfermedades, en su mayoría diarreicas agudas.
Negar la existencia del producto, esconder la mercancía y alegar desconocimiento de la prohibición son algunas de las reacciones o excusas que exponen comerciantes sorprendidos vendiendo este tipo de leche.
Anina del Castillo ha sido precisa y responsable en cuanto a su advertencia sobre los riesgos de consumir leche en polvo al granel, al afirmar que al venir en sacos es susceptible de facilitar la presencia de roedores y cucarachas, antes de ser reenvasada en pequeñas fundas para su expendio al público, que es la vía utilizada en el comercio minorista.
Como forma de proteger al público y subrayar la voluntad de enfrentar la anomalía, Proconsumidor ha indicado que las sanciones en el caso de alimentos perjudiciales a la salud tienen una escala ascendente según la gravedad, por lo que pueden llegar a 500 salarios mínimos y al doble en caso de reincidencia.
Pero la gran pregunta, la que el público desearía saber, es qué está fallando con los dolientes que debe tener el pueblo para no estar expuesto a este peligro. Mientras tanto, lo aconsejable es que la gente tome sus propias previsiones, especialmente en el seno familiar para evitar que leche contaminada sea consumida por sus hijos.
