Hoy 
La seguridad social es una ilusión que se ha ido desvaneciendo en este país.
Si antes de entrar en vigencia la Ley de Seguridad Social los dominicanos carecían de atenciones médicas adecuadas para ellos y sus familiares, ahora no podemos decir que las cosas han cambiado de manera positiva.
Es más, en cierta medida ha empeorado la situación de los trabajadores en materia de asistencia, pues el segmento que ha quedado inscrito en el Instituto Dominicano de Seguros Sociales (IDSS) ha resultado perjudicado.
El Salvador Gautier, el mayor de los veintitrés hospitales del IDSS, estaba este lunes in comunicación telefónica por razones financieras.
El Seguro Social, que tiene gastos de nómina por RD$80 millones, recibe solamente RD$79 millones, lo que significa que en este aspecto en particular tiene un déficit de D$1 millón.
Eso significa que aún cuando los hospitales de Salud Pública estén funcionando adecuadamente, la difícil situación del IDSS le resta recursos al conjunto que debe encargarse de la seguridad social.
En esas circunstancias, los trabajadores y sus familias se han quedado sin pito y sin flauta, pues no pueden contar con el nuevo régimen de seguridad social, que no acaba de arrancar, y para colmo se ha descalabrado la estructura que componen el IDSS y sus veintitrés hospitales.
Sumemos a eso los altos costos de los servicios médicos privados y de las medicinas y tendremos un cuadro verdaderamente lamentable.
En tiempos en que se predica justicia social y se hace hincapié en la lucha contra la pobreza, es un severo contraste que en materia de seguridad social estemos sin pito y sin flauta
Criterio de piñata
El caso de los terrenos del Consejo Estatal del Azúcar (CEA) vendidos a precio vil y cuando no repartidos gratuitamente, nos muestra hasta dónde puede llegar la falta de respeto por los patrimonios del Estado.
El hecho de que una sola firma adquiriente de terrenos haya convenido pagar RD$500 millones más de lo que había pagado como saldo total de tierras estatales adquiridas durante el período de transición, obliga a pensar en la magnitud de los negocios de este talante que fueron realizados entonces.
Las autoridades han logrado que muchos adquirientes devuelvan las tierras sin mayores complicaciones, por comprender la ilegitimidad e ilegalidad de las operaciones.
Cuando no, habrá que recurrir a la Justicia para que ésta se encargue e resarcir al Estado por el despojo propiciado por las pasadas autoridades.
Lo prudente es que no quede contrato sin revisar y que en aquellos casos en que las negociaciones estuvieron ajustadas a la realidad de los precios de las tierras, que se respete el derecho de los compradores.
Estos hechos obligan a proponer cambios en las pautas establecidas para la venta o entrega de bienes del Estado, sean terrenos o inmuebles, de manera que nadie pueda aplicar un criterio de piñata con lo que pertenece a todos.
