Tirso Mejía Ricart 
Tirso Mejía-Ricart
Desde la más remota antigüedad, el gobierno ha sido más eficaz y eficiente cuando ha estado más cerca de una comunidad organizada. De hecho, el concepto de ciudadanía proviene de las ciudades-estado griegas, lo que generaba la pertenencia a una ciudad, que es de donde proviene la vida política.
Así, tanto en Europa como en Estados Unidos, las municipalidades tienen una robusta economía y vigencia política. En la mayor parte de los países de la América Latina los municipios gozan de gobierno propio y recursos suficientes para subvenir sus necesidades, que superan con mucho el 10% de los ingresos nacionales que señala la Ley dominicana del año 2004, pero que en la práctica anda por el 3% de esos ingresos bajo los gobiernos del PLD; y aun así se está proponiendo que se le sustraiga el 3% que de los ingresos locales que le entregan las distribuidoras de electricidad, por utilizar los espacios públicos.
Incluso en muchos países, el poder ciudadano se manifiesta en instancias submunicipales como distritos municipales, delegaciones, parroquias, comunas y otras denominaciones, que permiten a sus vecinos participar en la solución de los problemas de la vida cotidiana con sus propios recursos.
Es en el nivel local de donde surge la mayoría de los líderes que deben nutrir las democracias, quienes se desarrollan con experiencias, estudios e intercambios; y son los mejores defensores de los intereses colectivos, incluyendo sus escuelas, centros de salud, medio ambiente y fomento económico, cuando son instruidos y supervisados.
En la República Dominicana muchos municipios son un perfecto desastre. Los bajos presupuestos, la falta de formación de sus dirigentes y funcionarios improvisados, y la ausencia de supervisión institucional, dejan a la ciudadanía a merced de la libérrima voluntad de los alcaldes y directores de distritos, que no tienen siquiera límites para endeudarse hacia el futuro.
Los municipios dominicanos no son capaces de resolver los problemas más elementales, tales como mantener sus vías y calles, el alumbrado, y el saneamiento de sus territorios. A eso se añade que muchos gastan lo poco que reciben en una burocracia inútil y cargos infuncionales.
Un ejemplo lamentable es el caso de la recogida de basura del Gran Santo Domingo. Que al constituirse como municipios separados, quedó establecido que el vertedero de Duquesa, en Santo Domingo Norte, debía utilizarse para todos los municipios, para la operación de un relleno sanitario, con la participación equitativa de todos; en tanto los terrenos eran propiedad de la CEA. Pero de repente, una corporación que lo ha manejado como un simple vertedero, ahora reivindica la propiedad de esos terrenos y aumenta en forma drástica los servicios que presta.
