Aplausos no han faltado a la marcha atrás del Poder Ejecutivo absteniéndose, como ocurre cíclicamente, de impulsar ajustes impositivos.

Ha hecho respirar aliviados a la clase media y a los sectores que reciben ingresos que no cubren satisfactoriamente el costo de la vida y que no tienen forma de escapar a impuestos indirectos.

Unas cargas llamadas regresivas porque castigan rudamente a los pobres, por equiparar sin discriminación en el tratamiento recaudador a consumidores de holgura y de estrechura.

Se entiende que la posposición de modificaciones, al parecer por tiempo indefinido, tiene al menos sentido para proteger a los débiles que llevan sobre hombros los peores efectos de la pandemia que ha implicado aumentos estratosféricos de gastos públicos, trastornos productivos, de comercio y de costos de transporte y combustible de consecuencias inflacionarias.

Pero se tomó la decisión sin que haya dejado de ser prioritario lograr que las rentas y patrimonios elevados alimenten al erario en la forma que corresponde sin ser imprescindible legislar para ello.

La reactivación económica dada a conocer con cifras y celebrada como éxito excepcional para el país, no debe resultar exclusivamente retributiva para quienes crecen en ingresos y bienes al compás de un mayor PBI.

Mantener baja la presión fiscal generalizadamente amerita una reingeniería administrativa y persecutoria contra evasiones y elusiones para una máxima captación de impuestos vigentes.

La evasión pesa mucho cuando se practica desde la abundancia

Un fisco que renuncie a más no debe, además, permitir evasiones

La no reforma contenta a los pobres pero a los evasores también