RAFAEL TORIBIO
Como país, tenemos muchos problemas, algunos muy graves porque hacen difícil el presente y muy incierto el futuro. Unos son viejos problemas que no fueron resueltos en su momento; se han hecho ya permanentes, pero agravados. Otros son nuevos, pero al igual que los anteriores, como no se resuelven oportunamente, el tiempo lo que hará será agravarlos. Nuestra clase dirigente, sobre todo la que ha administrado el Estado, ha preferido posponer la toma de esas necesarias decisiones, pensando quizás que los problemas se resolverán por sí solos, o que vendrá la ocasión en que se pueda hacer.

A veces, se esgrimen argumentos justificadores de no hacerlo por el costo político que implicaría. En otras da la impresión que se tiene la creencia de que con las declaraciones de lo que tiene que hacerse los problemas quedan resueltos. Y así marchamos, arrastrando problemas graves sin resolver, permitiendo que con el tiempo se hagan más difíciles de solucionar.

La energía es uno de esos problemas. Hace mas de tres décadas que lo venimos sufriendo y al decir de alguien que tiene autoridad para decirlo, ahora estamos en peor situación que antes. Es decir, no se ha solucionado y, encima, se ha agravado. Pero seguimos con los subsidios, cada año en un monto superior al anterior, para no resolver el problema de cobrar el servicio a todos los consumidores y rebajar el precio de la tarifa, la más alta de la región. El subsidio a la energía y al gas es mayor que lo que se invierte en educación y salud al mismo tiempo, y todo indica que así será por varios años. No resolvemos un problema en el presente, pero gastamos en él, sin solucionarlo, parte de los recursos necesarios para asegurar el futuro.

Con el trasporte urbano en la zona metropolitana ha pasado algo similar. En vez de racionalizarlo, organizarlo y regularlo, dándole una solución institucional y técnica a la vez, los diferentes gobiernos lo que han realizado ha sido una sucesión de fracaso que van desde ONATRATE a la OMSA. Frente a las crisis periódicas en el trasporte no se ha buscado una solución, sino una «salida» que, además de no resolver el problema, lo que hace es agravarlo. El resultado es un servicio ineficiente y altamente costoso. En estos momentos, después de presentar la solución en la construcción de un metro, se está abordando el problema con integralidad, buscando una verdadera solución, al menos en los planteamientos. Esperemos que no sea tan solo una estrategia para reintroducir la construcción del metro.

El DR-CAFTA es otro ejemplo de lo que pasa  cuando dejamos las cosas para después. Desde que se iniciaron las negociaciones para formar parte del tratado se sabían las condiciones previas que se debían realizar para que sus oportunidades no se transformaran en amenazas. Fuimos a unas negociaciones precipitadas, pero, además, poco hicimos para tomar las decisiones necesarias, y ejecutarlas a tiempo, para aprovechas al máximo las posibilidades del acuerdo. Ahora tenemos la posibilidad de exportar al mercado de Estados Unidos, siempre que se cumplan ciertas condiciones, las llamadas «barreras no arancelarias». ¿Qué se hizo, o se está haciendo, para que nuestros productos cumplan esos requisitos? ¿Podrá DIGENOR otorgarles las certificaciones requeridas?

La evidencia más contundente, y más preocupante, de lo que sucede cuando dejamos para después lo que tiene que ser enfrentado y resuelto oportunamente, es el caso de la migración haitiana en el país y la sentencia reciente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La regulación de la migración haitiana por una ley en que se combine la soberanía del país, la preservación de la identidad nacional, con el debido respeto a los derechos humanos, se ha pospuesto. Cuando tenemos la ley nos falta el reglamento y cuando tenemos ambas cosas entonces no los aplicamos, o lo hacemos sólo parcialmente. Así el problema permanece y entonces se agrava.

Por no enfrentar y resolver sobre la ciudadanía de los hijos de padres haitianos nacidos en el país hemos preferido interpretar el artículo 11 de la Constitución en el sentido de que al estar sus padres en situación de “tránsito” sus hijos no pueden adquirir la nacionalidad dominicana. Después de un largo proceso, por la demanda de dos niñas hijas de madres de ascendencia haitiana y padres haitianos, la Corte Interamericana de Derechos Humanos le ha reconocido que tienen el derecho a la nacionalidad dominicana y condena al Estado Dominicano a una indemnización por no haberle otorgado sus actas de nacimiento en el momento oportuno. Esta sentencia es un preocupante precedente en un tema tan sensible como significativo. Es probable que ahora se decida buscarle la solución que fue por tanto tiempo pospuesta.

¿Desde cuándo se conocía que las oficialías del Estado civil se habían convertido en un servicio público privatizado, y que en lo relativo a la contratación, remuneración del personal y tarifas funcionaban apartados de la ley, bajo la protección de algunos padrinos? Quizás después de que estalló el escándalo busquemos la solución.

Podemos encontrar mucho más ejemplos de lo que nos sucede cuando decidimos dejar para después lo que tiene que ser resuelto en lo inmediato.