Hizo falta que murieran tres mujeres en una misma semana y con tan solo una diferencia de horas para que el Ministerio de Salud, a través de la Dirección de Habilitación y Recertificación, se decidiera a ordenar un levantamiento de todos los centros donde se hace cirugía plástica en el país para comprobar “in situ” las condiciones en que operan. Una tarea que, si se hubiera realizado antes, tal vez hubiera evitado que dos de esas mujeres murieran en una clínica de Santiago porque el personal que realizó la cirugía no está entrenado para ese tipo de intervención ni tiene el aval necesario. Es evidente, entonces, que está fallando la supervisión, o que simplemente no existe, de parte de las autoridades sanitarias, como lo confirmó el director de Habilitación y Recertificación, Luis Tomás Oviedo, quien declaró a la prensa que se buscarán mecanismos alternativos de inspección y monitoreo de esos establecimientos. Pero eso no es tan simple ni tan fácil de hacer, como bien explicó el propio funcionario. ”Un centro puede estar habilitado, pero si la cartera de servicios dice que es dar masaje, aplicar láser o inyecciones de botox, no puede haber liposucción ni lipoescultura; muchas veces son centros que falsean la verdad a la hora de entregar su cartera de servicios”. Sin embargo, en lo que se encuentran esos mecanismos alternativos de monitoreo, o se realiza el levantamiento que determinaría en qué condiciones operan los centros donde se hace cirugía plástica y estética y cuántos son, algo hay que hacer para evitar que sigan muriendo mujeres a manos de gente inexperta o criminalmente irresponsable, y eso precisamente es lo que no han dicho las autoridades.

Una pregunta capciosa.- ¿Cuánto habrá costado el “apoyo moral” que recibió el expresidente Leonel Fernández, víctima de una “campaña sucia” que lo vincula al narcotráfico, de cientos de motoconchistas de todo el país?