Nuevamente se habla de fraccionar el territorio nacional, particularmente la provincia Santo Domingo. Un proyecto de ley en ese sentido fracasó hace algún tiempo, pero sus patrocinadores han decidido retomarlo y esforzarse para que sea aprobado por las cámaras legislativas.

La vez anterior ni ahora, los promotores de esta división territorial expusieron argumentos juiciosos, valederos, atendibles. A no ser por la necesidad muy particular de algunos partidos por crearle espacios a nuevos senadores, diputados, síndicos, vicesíndicos y regidores, no vemos razones valederas ni justificación para emprender nuevos intentos de fraccionamiebnto del territorio.

El laborantismo en procura de modificaciones territoriales es tan intenso, que ya existen en ambas cámaras legislativas propuestas para modificar las categorías de demarcaciones en las 32 provincias del país.

Para citar algunas, se pretende convertir en provincia el municipio de Haina y en municipios los distritos municipales Los Alcarrizos, Pedro Brand, Guerra y San Luis, y la muestra se queda corta.

Ya hay varias propuestas para modificar la ley mediante la cual fue fraccionado el Distrito Nacional para crear la provincia Santo Domingo y las categorizaciones que se pretenden no tienen razón de ser.

Ninguno de los proyectos sometidos con esas intenciones está afianzado en un estudio socio económico de la demarcación de que se trate.

[b]II[/b]

Los senadores y diputados deben poner los pies sobre la tierra y darse cuenta de que no pueden ni deben propiciar un fraccionamiento desenfrenado del territorio nacional que sólo parece beneficioso para quienes alimentan sus parcelas políticas a costa del erario.

Una actitud responsable sería desestimar todo proyecto sobre la materia que no llene los requisitos. Quienes no puedan justificar con datos reales sus proposiciones, que las retiren por falta de fundamento.

Todas estas categorizaciones han ido complicando el sistema electoral y se han prestado para distorsiones que debemos corregir. A no ser por los nuevos cargos creados para beneficio de políticos, no vemos las ventajas que le han creado a la institucionalidad del país estas atomizaciones traídas por las greñas.

Tenemos que asumir la responsabilidad de hacer crecer el país sobre la base de fortalecer sus instituciones, en vez de debilitarlas como se hace cada vez que se categoriza una demarcación sin ninguna base de sustentación.

Un país no puede quedar a merced de quienes fabrican demarcaciones geográficas a la carta, creando puestos para provecho de sus particulares proyectos políticos en la misma medida en que ocasionan perjuicios a toda la nación.

Quisiéramos pensar que en algún momento la sensatez hará que sean desestimados todos estos proyectos, inclusive el que fraccionaría en tres la provincia Santo Domingo, y que, en cambio, se tratará de corregir muchos de los entuertos creados a partir de las últimas modificaciones territoriales hechas al vapor.