PAULO HERRERA MALUF
La transparencia es la matriz de la institucionalidad. Sin ella es imposible ejercer cualquier función pública con un mínimo de credibilidad. Mucho menos una tan delicada como la función electoral. Para ser un tribunal de elecciones creíble, hay que demostrar mano limpia en los hechos, hay que hacer las cosas a lo claro y no a lo oscuro, y hay que respetar a pies juntillas las reglas de la gobernabilidad institucional. Que son muy claras, por cierto.

¿Es ésta Junta Central Electoral la que, finalmente, se apegará a las prácticas de transparencia y buen gobierno en su manejo interno? ¿Llenarán los miembros del Pleno las largamente aplazadas expectativas de fortalecimiento institucional del organismo electoral? ¿Es ésta Junta la que había de venir o debemos esperar a otra?

¿Cuáles son las señales? ¿Cuáles son los hechos? Si miramos más allá de los pronunciamientos, de las relaciones públicas y del ruido que hacen las bocinas alquiladas por el postor de turno, hay que convenir en que en la dimensión de la transparencia el desempeño de la nueva Junta ha sido bastante flojo.

Hasta el momento, las nubes que trajo el contrato SOMO-JCE – la herencia maldita de esta Junta – no han sido despejadas. Es más, la forma errática como el Pleno se ha conducido no ha hecho más que acrecentar la aprensión respecto del desenlace que tendrá este affaire. Por un lado, las declaraciones garantizando aclaraciones no se han hecho esperar. Pero por el otro lado, la realidad práctica es que las denuncias sólo han servido para provocar cancelaciones no explicadas que huelen demasiado a castigo por revelar malos manejos, y para cubrir con un velo de misterio las ejecutorias del Pleno sobre el asunto.  

Vamos sumando. Expulsiones, sin explicación, de funcionarios que han hecho denuncias muy graves de corrupción en el contrato SOMO-JCE. El espaldarazo, tampoco explicado, que ha recibido del Pleno el principal responsable de la ejecución del contrato por parte de la JCE – nada menos que el Presidente de la Cámara Administrativa, Roberto Rosario – aún por encima del más elemental sentido común. Lo lógico sería, desde un punto de vista de gobernabilidad administrativa, que quien dirige la implantación de un contrato cuestionado se inhiba de esa función hasta que la investigación concluya y se aclare todo. 

Seguimos sumando. No sólo se ha permitido al Presidente de la Cámara Administrativa permanecer en una posición de juez y parte frente a una eventual auditoría externa, sino que las acciones del Pleno se han mantenido en un secretismo absoluto, a pesar de la resolución de hacer públicas las actas del tribunal. En efecto, a pesar de que esta decisión se tomó en la primera reunión del Pleno, los ciudadanos interesados en dar seguimiento al tema del contrato SOMO-JCE no tendremos más remedio que especular acerca de lo sucedido y de las motivaciones envueltas.

Resumiendo, la calificación de la nueva Junta en cuanto a su apego a la transparencia tiene que ser baja. Imagino que los miembros de la Junta Central Electoral saben que, con este tema, se están jugando la credibilidad personal e institucional frente a la sociedad dominicana y frente a la historia. En cualquier caso, me permito recordárselo.

Y me permito añadir, para su beneficio, que, si bien no está claro lo que sucederá con la implantación del contrato SOMO-JCE, lo que sí está claro es que al final lo que tiene que saberse se sabrá. No importa que se bloquee el acceso a información que debería ser pública, no importa que la información se manipule durante las auditorías, no importa que se orquesten campañas de descrédito contra quienes se atrevan a ejercer su derecho a exigir transparencia, no importa que los organismos anticorrupción del Estado se hagan de la vista gorda, la demanda ciudadana no cesará hasta que se conozcan los hechos.

Y son los hechos los que hablarán. Son los hechos los que señalarán responsabilidades. 

 Hay demasiados ojos sobre el asunto. Ojos que no se cansarán. Hay que ser muy temerario – o de pocas luces – para apostar a que lo que debe salir a la luz pública no lo hará tarde o temprano.

Así las cosas, lo mejor que los miembros de la Junta pueden hacer por la institución – y por ellos mismos – es propiciar la transparencia y no bloquearla. El primer camino lleva a la credibilidad, aún cuando suponga enfrentarse a verdades dolorosas. El otro camino, independientemente del resultado, va directo al desprestigio y a la ingobernabilidad.

Sin transparencia, la Junta no arranca. Ni arrancará. Sus primeros meses la presentan como opaca y esquiva. El tiempo para cambiar esta percepción se agota, sobre todo en la medida en que se hacen esperar las anheladas muestras de coraje institucional. Para los miembros de la Junta, llegó la hora de cambiar de rumbo. Están apenas a tiempo.
p.herrera@coach.com.do