Una función básica de los sindicalistas (aun teniendo pocos seguidores) es esforzarse por conquistas defendiendo los intereses de los asalariados mediante el diálogo y la protesta pacífica. Es asumir la representación del factor trabajo en lógica contradicción con quienes representen al Capital y al Estado. No es apropiado entonces que los dirigentes de centrales sindicales deserten de los escenarios en que deben cumplir sus fines. Su alegato de que han sido víctimas de imposiciones unilaterales de sus contrapartes, no justifica que los empleadores y el Gobierno se queden sin los interlocutores imprescindibles para la toma apropiada de decisiones en el ámbito obrero-patronal y la búsqueda de un consenso para la reforma del Código que les rige.

El último aumento del salario mínimo no satisfizo las aspiraciones de las entidades, un revés que no debe desalentarlas porque no es usual que los trabajadores tengan la sartén por el mango en las economías ni que les den todo lo que piden a menos que sea a mucha lucha, en el lugar y momento que impongan las circunstancias y en activa comunicación con los medios oficiales y patronales. En este país la representación de los asalariados dispone incluso de poder de veto en sistemas tripartititos de organismos públicos. En un país ideal, utópico, de ricos y poderosos consecuentes a cada paso con lo que les reclaman, los sindicatos no tendrían razón de ser.

 Insistir en las reglas que faltan

La sociedad dominicana, con sus componentes cívicos, religiosos, políticos, sindicales y profesionales, deberá insistir en la meta de que las elecciones generales del 2016 encuentren un marco legal que garantice igualdad de condiciones para los contendientes con tal de que la consulta no derive en un tipo de competencia en la que pueda verse a un tiburón comerse a una sardina. Tomar en cuenta los presagios de concierto de voluntades políticas de signo estatal con usufructo de las ventajas que da el acceso no controlado a recursos y bienes públicos. Existen además esquemas institucionales que favorecerían al oficialismo por la débil autonomía que suele caracterizar a estratégicos centros de toma de decisiones. Legislar electoralmente contra la inequidad, y para fortalecer al órgano rector de los comicios, es de la mayor prioridad. Se está a tiempo.