La inseguridad jurídica de los trabajadores respecto a sus derechos fundamentales aún persiste, pese a la existencia de un nuevo Gobierno. Este año, en varias empresas privadas e instituciones estatales hubo un “ambiente hostil” que afectó el derecho de los empleados a organizarse en sindicatos y ejercerlo fuera de la clandestinidad.

Así lo denuncian el Consejo Nacional de Unidad Sindical (CNUS), la Confederación Autónoma Sindical Clasista (CASC) y la Confederación Nacional de Trabajadores Dominicanos (CNTD) en el Balance Sindical del año 2013, donde afirman que hubo represión, amenazas de despidos, baja de categorías y de salarios, además cancelaciones masivas contra empleados sindicados a nivel nacional en empresas de los sectores eléctrico, de zona franca y franquicias internacionales establecidas en República Dominicana.

Explican que los empleadores gozan de una amplia facilidad y apoyo del Estado para construir sus organizaciones de empresarios y sus proyectos económicos, mientras los trabajadores reciben trabas para ejercer el derecho que les asiste. De hecho, el pasado 28 de noviembre, con el apoyo de la Confederación Sindical de Trabajadoras y Trabajadores de Las Américas (CAS) las centrales sindicales lanzaron una campaña por la libertad sindical que procura sensibilizar a la sociedad y a los sectores claves, como las autoridades de trabajo, de la administración de justicia y al Congreso, de la importancia de que el Estado garantice la aplicación y respeto pleno de los derechos que se desprenden de la libertad sindical y la negociación colectiva.