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Washington, (EFE).- Los sindicatos, que aportaron 80 millones de dólares a la victoria electoral de Barack Obama y los demócratas, se alistan para pasar factura al presidente electo, y la puja por un auxilio a la industria automotriz es sólo el primer cobro.
«El enfoque tiene que ser la economía entera y no sólo nuestra industria o nuestro convenio», afirmó esta semana ante el Congreso el presidente del Sindicato de Trabajadores de la Industria Automotriz (UAW), Ron Gettelfinger.
El jefe del UAW acudió a audiencias el martes y miércoles pasados junto con los presidentes de General Motors, Ford y Chrysler, en las que urgieron una ayuda de 25.000 millones de dólares para mantener a flote a una industria que emplea directa o indirectamente a unos 3 millones de personas.
En las elecciones del 4 de noviembre Obama recuperó la Casa Blanca para los demócratas, y éstos ampliaron su mayoría en ambas cámaras del Congreso.
La central sindical AFL-CIO, que representa a 56 gremios, movilizó a 250.000 voluntarios este año y gastó 300 millones de dólares en «educación de los trabajadores» para que salieran a votar, además de los 80 millones que aportó directamente a la campaña.
Ahora los sindicalistas esperan que Obama y sus correligionarios se acuerden de ese apoyo.
Tanto los demócratas como la Casa Blanca y sus aliados republicanos en el Congreso coinciden en la necesidad de ayudar a los «Tres Grandes de Detroit», pero chocan sobre la fuente de la ayuda.
El Gobierno del presidente George W. Bush se resiste a que el dinero salga del plan de rescate de Wall Street.
En la 111 legislatura, que comienza el 6 de enero, dos semanas antes de la investidura de Obama, los gremios buscarán una rápida aprobación de la «Ley de Opción Libre de los Empleados», que facilitaría la organización de sindicatos.
Durante su época de bonanza económica en las décadas de 1950 y 1960, más del 35 por ciento de los estadounidenses trabajaba en agencias del Gobierno y empresas privadas donde había gremios organizados y convenios colectivos.
Ahora, sólo el 12 por ciento de la fuerza laboral de EEUU trabaja en sitios donde hay sindicatos, y estos están presentes sólo en el 7,5 por ciento de la fuerza laboral del sector privado, según la Oficina del Censo.
Los dirigentes sindicales atribuyen la erosión del poder de los sindicatos en EEUU a diversas leyes federales y estatales que dificultan la organización, aparte del impacto de la globalización, el paso de una economía industrial a una de servicios, y la pérdida de la tradición gremialista.
En EEUU, se requiere que el 30 por ciento de los empleados en una empresa firme tarjetas del sindicato para que se convoque a una elección, con voto secreto y supervisada por el Departamento de Trabajo.
«Bajo la ley actual los empleadores tienen docenas de tretas para demorar o interferir con la votación», explicó Jaime Contreras, director en Washington del Sindicato Unido Internacional de Trabajadores de Servicios (SEIU). «Aún si los trabajadores votan para sindicalizarse, los empleadores pueden negarse a negociar sin penalidades legales».
Además, 23 de los 50 estados tienen leyes llamadas de «libertad de trabajo», bajo las cuales los empleados que no deseen pagar la cuota del gremio no están obligados a pagarla.
Los gremios, en cambio, sí tienen la obligación de representar a todos los empleados de la empresa -y por lo tanto incurren en gastos para su defensa-, estén o no afiliados.
La ley que promueven ahora los sindicatos permitiría que se reconozca al gremio una vez que la mayoría de los trabajadores en una empresa firme la tarjeta, sin que se obligue a la elección con voto secreto.
William Samuel, portavoz de la AFL-CIO, sostiene que según las encuestas de los gremios el 54 por ciento de los trabajadores desea estar sindicado, y si pudieran hacerlo habría 60 millones de nuevos afiliados.
En 2007, Obama y su ahora vicepresidente electo, Joe Biden, votaron en el Senado a favor de la reforma legal y, durante la contienda, se comprometieron con promulgarla al llegar al Gobierno. EFE
