Las autoridades deberían prestarle más atención a las frecuentes agresiones contra conductores y pasajeros cometidas por sindicatos de transportistas que se creen dueños de las rutas en que operan.

El caso más reciente ha sido el del sargento del Ejército Nacional Pedro Pascual Santana Espinosa, quien fue despojado de su arma y atacado a batazos por varios choferes mientras iba en su automóvil junto a su esposa y dos hijos de cuatro y seis años de edad. Ese hecho ocurrió en la avenida Charles de Gaulle y el alegato es que el militar habría sido confundido con un «pirata».

Ya antes se había producido un peligroso incidente en la entrada de Los Alcarrizos, donde choferes armados de un sindicato se dedicaron a sacar por la fuerza a pasajeros que habían ocupado vehículos del transporte público de otro sindicato.

Estos incidentes no son casuales, y todos recordamos cuando una confederación que agrupa a empresarios del transporte de pasajeros armó serios incidentes en la autopista Duarte para impedir que otra organización similar operara «sus» rutas.

También está fresco en la memoria la actitud desafiante de alegados sindicatos que se habían apropiado del área verde del kilómetro nueve de la autopista Duarte.

-II-

Nos parece que se está dejando llegar muy lejos esta actitud agresiva y prepotente de sindicatos y grupos de choferes que en ocasiones se erigen en turbas para impedir que otros operen en rutas del transporte urbano, aunque cuenten con autorización oficial.

Por la frecuencia de estas agresiones, queda claro que las autoridades correspondientes han escurrido el bulto y no han asumido su responsabilidad de cancelar las franquicias a quienes conculcan el derecho al trabajo de sus colegas de oficio.

La agresión contra un militar, bajo alegato de confusión, nos dice que ningún conductor está libre del riesgo de ser atacado a mansalva porque a un sindicato se le ocurra confundirlo con un chofer «pirata». En lo que se aclaran las cosas, hay un militar con 26 puntos de sutura en la cabeza, despojado de su arma y con una familia aterrorizada por la experiencia vivida.

Las autoridades que administran las franquicias para explotar rutas de transporte tienen que hacer valer el criterio de que sus autorizaciones tienen que ser respetadas y procurar protección para aquellos gremios que hayan llenado los requisitos correspondientes, pero que son caprichosamente impedidos por quienes se creen amos y señores de las rutas.

La competencia en materia de transporte tiene que darse en base a la calidad del servicio que ofrezca cada chofer o sindicato, y no a partir de la actitud agresiva de grupos armados que pretenden monopolizar el derecho al trabajo.