POR SORANGE BATISTA
El síndico municipal de Baní, Nelson Camilo Landestoy, defendió ayer el contrato de arrendamiento a la empresa Ciramar Intenational Trading, tras indicar que los terrenos en cuestión no forman parte del monumento natural Dunas de las Calderas.
Admitió que cobraron los tres millones de pesos previo a que el Gobierno emitiera el decreto, acción que calificó como legal porque siempre el gobierno firma después que se paga el terreno.
Dijo que en caso de que se demuestre que los terrenos vendidos están en área protegida, no tendrían ningún inconveniente en rescindir el contrato.
Camilo Landestoy fue entrevistado al salir del despacho del procurador Ambiental, Andrés Chalas, donde fue interrogado junto al presidente de la Sala Capitular de Baní, Johan Montes De Oca por más de dos horas.
Explicó que el espacio que arrendaron es la parcela 977, que pertenece al Ayuntamiento Municipal de Baní y está ubicado al lado de la Base Naval de Las Calderas.
Dijo que los terrenos fueron arrendados para la construcción de una verja perimetral para proteger la empresa Ciramar, dedicada a la fabricación de barcos, lanchas y botes.
Sostuvo que no es un área protegida y argumentó que el presidente de la República, Leonel Fernández, es una persona muy cuidadosa y responsable y no va a firmar un decreto sin verificar si tienen problemas.
Explicó que para vender unos terrenos el proceso pasa por diferentes instituciones como la Liga Municipal Dominicana, el Ayuntamiento del Distrito Nacional, Interior y Policía, la Consultoría Jurídica del Poder Ejecutivo y el presidente de la República, por lo que, a su juicio, si esos pasos se dieron quiere decir que no hay problemas en las negociaciones con Ciramar, expresó.
PROCURADOR
De su lado, Chalas dijo que citará para el próximo martes al presidente de la Ciramar, José Contreras Brea, para que explique lo referente al contrato. Dijo que está a la espera de un informe de la subsecretaria de Medio Ambiente para definir si el área es protegida o no y proceder en consecuencia.