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El síndico y el tesorero del ayuntamiento de Villa Altagracia deberán responder ante los tribunales por la malversación de poco más de RD$108 millones, según el expediente acusatorio enviado por la Dirección Nacional de Persecución de la Corrupción Administrativa a un tribunal de San Cristóbal.
Este expediente está fundamentado en una auditoría administrada por la Cámara de Cuentas. El experticio, que abarcó los años 2007 y 2008, estableció que el síndico Pedro Peralta Peralta y el tesorero Franklin Vargas utilizaron RD$108, 952,197.77 sin la debida transparencia evadiendo los controles establecidos por las leyes. Sumas millonarias eran cobradas por personas que no laboraban en el cabildo.
La Dirección Nacional de Persecución de la Corrupción Administrativa (DPCA), sometió por ante la Corte de Apelación del Distrito Judicial de San Cristóbal al síndico de Villa Altagracia, Pedro Peralta Peralta, y al tesorero, Franklin Vargas, por la malversación de más de RD$108 millones de los fondos pertenecientes a ese ayuntamiento.
Para el sometimiento, la DPCA presentó como prueba una auditoria que realizó la Cámara de Cuentas a ese cabildo. La misma abarcó los años de gestión 2007 y 2008, en los cuales fueron utilizados sin la debida transparencia evadiendo los controles establecidos por las leyes, RD$108, 952,197.77.
Tanto a Peralta como a Vargas les fueron solicitadas medidas de coerción.
De acuerdo con la instancia depositada ante los jueces del tribunal, la Cámara de Cuentas estableció que en el ayuntamiento de Villa Altagracia no se prepararon los estados financieros al final de los períodos fiscales analizados (2007 y 2008).
Además, explica que no se levantaron los estados de los resultados, ni asentamientos de los cambios de patrimonio municipal, no existen registros contables que aseguren las cuentas por cobrar y pagar, así como la adquisición de bienes y terrenos sin certificados de título ni matrículas.
Faltas
De acuerdo con la instancia dirigida por el director de la DPCA, Hotoniel Bonilla al juez presidente y demás jueces que componen la Corte de Apelación de San Cristóbal, se indica que los imputados incurrieron en prevaricación y desfalco en contra del Estado,
Toda vez que mediante la evasión de los controles de órganos responsables, emitieron pagos en efectivo por la suma de RD14, 086,500.71, esto ocurrido en los meses de marzo y abril del 2008, especifica la instancia.
Cómo lo malversaron
En la querella la DPCA le atribuye haber adquirido sin título de propiedad tres porciones de terreno por RD$4, 950,000.00, todos sin que se realizara la correspondiente tasación.
Una de esas propiedades se encuentra ubicada en el paraje Hormigo y se estima fue sobrevaluada en más de RD$2.8 millones.
Señala además, que Vargas, entregó la cantidad de 37 cheques, provenientes de la Cuenta de Programación de Inversión del ayuntamiento; los cuales ascienden a RD$3,132,404.
Estos fueron emitidos a particulares y endosados y cobrados por funcionarios, empleados y personas vinculadas a la entidad, entre los que se puede señalar a la esposa del tesorero, con el cobro de 7 cheques.
La acusación
Hotoniel Bonilla indica en su instancia que los hechos atribuidos a Peralta y Vargas constituyen las infracciones de prevaricación y desfalco, previstas en las disposiciones de los artículos 166, 167, 169, 171, 172 del Código Penal Dominicano y 102 de la Constitución, por lo que ha solicitado a los Jueces apoderados que dicten medidas de coerción en contra de los imputados, consistentes en garantías económicas por la suma de RD$3,000,000 e impedimento de salida del país.
Cuenta especial
La instancia contentiva de la acusación da cuenta que tanto el síndico Peralta como el tesorero Vargas, se dedican a utilizar una nómina llamada No. 24, la cual está destinada para hacer pagos millonarios a personas que no realizan ninguna labor, tales como: familiares de funcionarios, allegados y colaboradores políticos suyos. Se descubrió que por este concepto se desembolsó la suma de RD$6,331,990.
