POR ANSELMO SILVERIO Y LLENIS JIMENEZ
La Federación Dominicana de Municipios (FEDOMU) decidió que los síndicos no entreguen al secretario de Interior y Policía los equipos que recibieron de la administración de Hipólito Mejía, hasta que el presidente Leonel Fernández tome una decisión al respecto.

Mientras tanto, en Villa González una multitud que se concentró ayer frente a las oficinas del ayuntamiento local impidió a inspectores de las secretarías de Interior y Policía y Obras Públicas la ejecución del despojo de equipos donados a la administración municipal por el gobierno pasado.

Además, un camión que recogía basura en una calle de este poblado fue interceptado por militares armados que acompañaron a las autoridades y obligaron al chofer Rafael Fletes a desmontarse del vehículo e interrumpir su tarea.

Los inspectores llegaron en dos vehículos y se disponían a cargar con un gredar, una pala mecánica, dos camiones recolectores de basura y  el autobús que transporta a los estudiantes universitarios en horas de la noche, confirmó la vicesíndica Vielka Santos.

Dijo que si se ejecuta el despojo de los equipos, el cabildo quedará prácticamente desmantelado porque quedaría sin ninguna maquinaria para la ejecución de las pequeñas y medianas obras que programa cada año la administración municipal del ingeniero César Alvarez.

Los inspectores mostraron a la vicesíndica una notificación para retirar los equipos del ayuntamiento, pero un error de nombre y la intervención de las personas evitó que esta ejecución fuera materializada.

Los inspectores llegaron al cabildo acompañados de militares que rodearon el recinto y observaron con sospecha a todos los que entraban y salían del edificio municipal. Los soldados no detuvieron la protesta. Se informó que se gestiona una reunión entre las partes para tratar de buscarle una salida al impasse.

LA SALA CAPITULAR

Por otra parte, la Sala Capitular de este municipio censuró la decisión del gobierno de despojar a este y otros ayuntamientos de sus equipos de trabajo y afirma en una resolución que los cabildos confrontarían problemas muy serios si se ejecuta esta medida.

Consideró que la disposición es «puramente política» porque  ningún otro gobierno había atentado contra el desarrollo de los pueblos utilizando la fuerza para despojar a los ayuntamientos de sus equipos de trabajo.

FEDOMU ESPERA DECISION LEONEL

El presidente de la Federación Dominicana de Municipios (FEDOMU), Fausto Ruiz, dijo ayer que los síndicos no entregarán los equipos que recibieron de la administración de Hipólito Mejía hasta que el presidente Leonel Fernández tome una decisión al respecto.

Expresó que la medida que adopte el mandatario Fernández, «justa» o «injusta», habría que acatarla.

Calificó de «incongruencia» que mientras a los demás síndicos del país Franklín Almeyda les exija la devolución de los equipos entregados por el pasado gobierno, el presidente Leonel Fernández disponga que al Ayuntamiento del Distrito Nacional les sean entregados 30 equipos.

Precisó que están de acuerdo con el presidente de la República le regale vehículos al síndico Roberto Salcedo, empero, expresó que esa donación evidencia que no hay una base de sustentación para decir que la flotilla de ellos se les haya entregado de manera ilegal, sino que demuestran que estuvieron «bien dados». Significó que el presidente Fernández dio equipos a los ayuntamientos en su primera gestión presidencial -1996-2000, y que el extinto presidente Joaquín Balaguer incurrió en el mismo gesto para con los gobiernos locales.

Dijo que el coordinador nacional del Dialogo Nacional, monseñor Agripino Núñez Collado, les manifestó que iba a mediar para que el presidente de la República los reciba, con la finalidad de que se detenga la medida.

Subrayó que el secretario general de la Liga Municipal Dominicana (LMD), Amable Aristy Castro, también les manifestó que pudo hablar con el presidente Fernández, quien le habría asegurado que coordinaría una reunión a su regreso de un viaje que hará al exterior, para buscarle una salida satisfactoria al problema.

Ruiz, también síndico de La Vega, descartó que la mayoría de los síndicos entregarán los equipos como anunció el pasado martes una comisión de gobernadores provinciales, lidereada por el representante del gobierno en Hato Mayor, Rubén Darío.

Aclaró que puede ser que uno o dos síndicos devolvieran los equipos voluntariamente, pero que lo que decidieron fue espera la conversación con el jefe del Estado.

Señaló que por el momento ha sido cesado el enfrentamiento que existía entre los síndicos y los funcionarios del gobierno que trataban de despojarlos de los equipos argumentando que estaban destinados originalmente para las gobernaciones provinciales.

Asimismo, Ruiz planteó que no tiene falcultad ejecutiva, ni operativa el decreto que crea los consejos provinciales de desarrollo, entidad para que Interior y Policía reclama los equipos.

«Ese es un órgano de seguimiento, de apoyo, de planificación y de consulta para apoyar las ejecutorias de los municipios. Porque los que ejecutan son los municipios. No estamos de acuerdo con que esos equipos pasen a los consejos provinciales de desarrollo, de ninguna manera. Porque le están, entonces, dando las facultades que por ley le están asignadas a los municipios», manifestó.

El presidente de FEDOMU advirtió que eso va en detrimento de la autonomía municipal y del estado de desconcentración, y de desconcentración a que está llamado a abocarse el país.

Aclaró que existen dos tipos de equipos en poder de los ayuntamientos: los entregados mucho antes de las elecciones del año 2004 y los que estaban en posesión de las gobernaciones, y que fueron transferidos a los cabildos durante el período de transición, a los que dijo que cree que los funcionarios del gobierno se refieren.

Sobre los conflictos por la intención del secretario de Interior y Policía de desmantelar la Policía Municipal, Ruiz expresó que tienen elaborado el borrador que planean introducir al Congreso Nacional para la aprobación de la Ley que regulará ese cuerpo al servicio de los ayuntamientos.

Planteó que favorecen que cuando el proyecto de regulación de la Policía Municipal esté en el Congreso sea sometido a vistas públicas, para que sea conocido y debatido por los distintos sectores de la sociedad.