La Sociedad Dominicana de Siquiatría demandó ayer de la secretaría de Interior y Policía, el pago de RD$7.0 millones que adeuda a los siquiatras por concepto de  revisión previa a la emisión de permisos para el porte de armas de fuego.

El presidente de esa entidad, Alejandro Uribe, aseguró que sus afiliados trabajan en condiciones precarias, sin que Interior y Policía se ponga al día con el pago, pese a que han cumplido con los requerimientos administrativos exigidos por ese dependencia del Estado.

Dijo en rueda de prensa que durante 10 meses han solicitado 11 citas al doctor Franklin Almeida Rancier, pero no les ha sido posible entrevistarse.

Uribe indicó que las autoridades de Interior y Policía  solo actúan de intermediario, ya que los recursos provienen de los usuarios,  no del presupuesto de Interior y Policía.

“La Sociedad Dominicana de Siquiatría se mantiene firme en su propósito de seguir prestando el ser vicio, así como mantener una relación armoniosa con las autoridades de Interior y Policía, pero consideramos grave la situación planteada,  por lo que exigimos una solución inmediata”, demandó Uribe.

En otro orden,  Uribe  aseguró que solo tres Administradoras de Riesgos de Salud (ARS) cubren los servicios de salud mental a sus afiliados en el régimen contributivo.

Salud Mental

Con respecto a la escasa cobertura que dan las Administradoras de Riesgos de Salud a los pacientes que requieren servicios de salud mental, el doctor Uribe dijo que so lo las ARS del Banreservas, del Banco Central y Humano la  cubren.

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La cobertura

En el régimen subsidiado, los afiliados tienen garantizado ese servicio en los hospitales del Estado. Sin embargo, no todos los centros de salud tienen unidades para tratar esa patología. Los centros de Salud Pública con  unidades de Salud Mental son  el Francisco Moscoso Puello, el Luis Eduardo Aybar, José María Cabral y Báez y el San Vicente de Paúl, en adición a los   dos hospitales Padre Billini, de Santo Domingo.