Con la entrada en funcionamiento de cuatro nuevas cárceles este año, se espera empiecen a mejorar las condiciones de los privados de libertad que suman 24,700 distribuidos en 41 recintos con capacidad para albergar 15,000, por lo que 9,000 no tienen espacios y de estos 4,500 duermen en el suelo.

Roberto Santana, director de la Oficina Nacional de Apoyo a la Reforma Penitenciaria (Onaprep), dijo que una prioridad es sacar 19 cárceles que se encuentran en recintos policiales y militares, que actualmente tienen 14,000 privados, más del 50% del total.

Esas cárceles están en El Seibo, Samaná, Nagua, Cotuí, La Vega, Santiago Rodríguez, Montecristi, Neiba, Azua, Barahona, Higüey, La Victoria, Pedernales y Manoguayabo.

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Santana recordó que como parte de la reforma penitenciaria el Gobierno aprobó la construcción de 26 cárceles, de las cuales van a entrar en funcionamiento cuatro este 2025: la de Higüey para albergar 560 internos; la primera fase de la Las Parras con capacidad para 2,400, San Juan de la Maguana para 900 y Barahona para 74 menores. En 2026 habrá otras seis.

Santana habló de este tema en el Almuerzo del Grupo de Comunicaciones Corripio donde estuvo acompañando de Miguel Hernández, coordinador de Infraestructura Penitenciaria, Yanis Mejía, coordinadora de Salud Penitenciaria y presidenta del Colegio Dominicano de Psicólogos (Codopsi), Isa Medina, coordinadora de Actividades Laborales y Productivas y Graymer Méndez, encargado de Comunicaciones.

Principales problemas

De los 24,700 privados de libertad, en las cárceles reformadas o mejor conocidas como nuevo modelo hay 10,500 y el resto 14,200 en el sistema tradicional.

Al ser cuestionado en torno a los principales males que persisten en las cárceles, Santana expresó que la sobrepoblación y/o hacinamiento, el alto porcentaje de presos preventivos, infraestructura y personal inadecuado, corrupción, y violación a los derechos humanos.

Informó que parte de los esfuerzos por buscar soluciones, justo ayer consiguió colchones para entregar a los internos.

El director de Onapre hizo hincapié en el tema del personal de seguridad en las cárceles tradicionales, ya que no está capacitado para esa labor.

Ese personal lo componen miembros del Ejército y la Policía Nacional, quienes no cuentan con la preparación adecuada para el manejo de la población penitenciaria y obedecen a una estructura de mando diferente a la que existe en la Procuraduría. Además que son espacios inadecuados .

“Las prisiones están en lugares que aún conservan cañones, carabinas e incluso tanques de guerra, lo que evidencia la falta de planificación en el sistema penitenciario”, subrayó.

Nuevo personal

Santana informó que requieren 800 personas para atender a los 4,000 presos que irán a las cuatro nuevas cárceles este año. De estos 600 se desempeñarán en el área de seguridad y 200 en tratamiento y administración.

Explicó que actualmente se están formando y que la selección del equipo se realizó junto con la procuradora de la República, Yeni Berenice, asegurando que el personal contará con la preparación adecuada para garantizar un modelo penitenciario eficiente y acorde a los estándares internacionales.

En Las Parras se desarrollarán sistemas de producción agrícola y animal con los cuales los internos podrán tener empleos y generar recursos para ellos y sus familias, tal como se realiza en las cárceles reformadas, donde es obligatoria la educación y el trabajo tanto como medio de vida como medida terapéutica.

Al respecto, Medina dijo que habrá unidades para crianza de conejos, abejas, gallinas y siembras diversas, en cuyo proceso trabajan diversos especialistas y entidades que determinarán los diferentes tipos de producción factibles.

Corrupción

Santana opinó que un tema crucial que hay que combatir es la corrupción que está presente en ambos modelos carcelarios con el ingreso de diversos ilícitos. “La batalla principal de la reforma es una batalla contra la corrupción”, expresó Santana, tras indicar que se da en diferentes niveles del sistema y se debe enfrentar con respuestas firmes.

Insistió en que debe haber una reforma estructural que garantice condiciones dignas para los privados de libertad y mejore la seguridad en los centros penitenciarios.

En cuanto a qué ha faltado para que las cárceles dejen de ser centros deficientes, Santana entiende que voluntad política.

Dijo que en el 2003 se inició la reforma y se llevaron 17 centros al nuevo modelo, pero luego se cayó el apoyo a esa iniciativa.

Entiende que ahora hay voluntad política y lo prueba la creación de Onaprep, que era parte de un reclamo histórico de varias personas.

Abogó porque la política no afecte el actual proceso de reforma y pidió que la sociedad vigile al Gobierno “para que esto no eche para atrás porque si esto echa para atrás va ser extremadamente doloroso”.

“La reforma es una necesidad por seguridad de la sociedad, por respeto a todas las víctimas”, dijo.