Por Jorge Amado Méndez

Muy lejos estamos ya de aquellos tiempos cuando en nuestro país vivíamos el miedo a las desapariciones forzadas, aquella práctica de represión usada para infundir terror a los adversarios políticos. Esa época de tiranía que nos han relatado nuestros padres o que hemos leído en los libros de historia, en que producto de la dictadura las víctimas eran apartadas de la sociedad y sus familias se quedaban esperando el regreso, esperando noticias durante años, casi con la certeza, en la mayoría de los casos, de que el desenlace final sería devastador. Gracias al proceso democrático que ha experimentado nuestro país desde el año 1978 y las cada vez más fortalecidas instituciones del Estado dominicano, hoy podemos afirmar que nunca más volveremos a ver esas prácticas en la República Dominicana.

La sociedad actual tiene otras preocupaciones y otros retos. Las desapariciones de hoy no están motivadas en razones políticas, responden a otras causas, tienen otros componentes que hasta ahora desconocemos, generando una sensación de misterio y desazón alrededor de cada caso. Lo que sí está claro y es más que evidente que se ha convertido en una preocupación cada vez más creciente en nuestro país. De acuerdo a los datos que son manejados por las autoridades, en los años 2021, 2022 y 2023 se reportaron más de 600 personas desaparecidas y ya para finales de agosto de 2024 se habían reportado más de 300 denuncias. Son datos muy preocupantes.

Las desapariciones crean sufrimiento a los familiares, afectando su estabilidad sicológica y emocional. Pero también les afecta económicamente, ya que se requiere de una gran inversión de tiempo y dinero en el proceso de búsqueda, y esto lógicamente afecta de manera considerable sobre todo a las familias más desprotegidas, y en consecuencia victimizando no solo al desaparecido sino a los familiares y relacionados.

Motivado por esta triste realidad, el Lcdo. Orlando Jorge Villegas introdujo por ante el Congreso Nacional durante su paso como Diputado por el Distrito Nacional (Legislatura 2020/2024) un proyecto de ley de Sistema de Alerta Amber, proyecto que está siendo impulsado y promovido por la señora Yocasta Díaz, madre del joven desaparecido el pasado año 2022 Alexander Moisés Sang Díaz y las demás familias afectadas. La pieza legislativa cuenta con un gran apoyo entre los diputados de todas las bancadas y tiene como objetivo crear la Brigada Nacional del Sistema de Alerta Amber, que estará presidida por la Procuraduría General de la República y la integrarían, además, la Policía Nacional, la Dirección General de Migración, el Instituto Nacional de las Telecomunicaciones, además de la Asociación de Empresas de Comunicación y Tecnología, el Sistema Nacional de Emergencias 9-1-1, el C5i, las Fuerzas Armadas, el Departamento de Investigaciones de Crímenes y Delitos de Alta Tecnología y el Cuerpo de Bomberos. La ley persigue establecer un protocolo que establezca las acciones a tomar por el conjunto de autoridades y alerte a la población de forma inmediata sobre la ocurrencia de estos casos. El sistema ha sido implementado en varios países y su característica principal es la importancia de emitir la alerta inmediatamente a través de todos los medios (tecnologías) disponibles a fin de que llegue a la mayoría lo antes posible, pudiendo representar esta alerta la diferencia al momento de una potencial desaparición, especialmente en el caso de los menores. Precisamente con los niños es donde debemos presentar principal atención, pues lastimosamente son los más vulnerables frente a la trata de personas y la explotación sexual. En ocasión de una reciente conferencia en el país, el exagente de la CIA (Oficina Central de Inteligencia EEUU) Tim Ballard, quien sirviera de inspiración para el filme “The Sound of Fredrom”, nos contaba sobre la dimensión de este fenómeno y la necesidad de que nuestras autoridades enfrenten drásticamente este mal, especialmente siendo la República Dominicana parte de una isla, fronteriza con la República de Haití, país vecino que en este momento muestra una pérdida sustancial en cuanto a su seguridad pública.

Las desapariciones se han convertido en una pandemia en nuestro país y es urgente que el tema se aborde como uno de seguridad nacional. Confiamos en que este proyecto, ya sea por Ley u otro instrumento administrativo, se ponga en marcha lo antes posible y así podamos contar con un protocolo que enfrente la problemática de manera coordinada y brinde el apoyo y acompañamiento necesario a las victimas y sus familiares, tanto en los aspectos técnicos y logísticos, como en la parte sicológica y emocional.

*Jorge Amado Méndez es abogado.