El Servicio Nacional de Representación Legal de los Derechos de la Víctima aseguró que trabaja a favor de los afectados
A propósito de la celebración el décimoquinto aniversario del Servicio Nacional de Representación Legal de los Derechos de la Víctima (Relevic), la procuradora adjunta Yeni Berenice Reynoso propugnó por reforzar las respuestas del Estado para proteger y resarcir a las personas que acuden a la justicia víctimas de delitos.
La funcionaria reconoció la pertinencia de las garantías que consagra el Código Procesal Penal para los acusados, lo que puso en contraste con la necesidad de mayores mecanismos para tutelar los derechos de quienes sufren por los hechos que juzgan.
“Las víctimas necesitan de una decisión en un plazo razonable, que no les va a devolver al estado anterior a la lesión del bien jurídico, pero que por lo menos dará la satisfacción de que la justicia las escuchó y les dio una respuesta conforme a sus derechos”, expresó, al pronunciar la conferencia “Los derechos de las víctimas: una mirada a la justicia restaurativa”.
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El Relevic se creó en 2007 con la finalidad de brindar asistencia legal gratuita a las víctimas de delitos penales que carezcan de solvencia económica para pagar los servicios de un abogado privado.
La entidad tiene oficinas en el Distrito Nacional, Santo Domingo, San Pedro de Macorís y San Francisco de Macorís.
El texto dice que el acto fue celebrado en el salón de eventos de la Suprema Corte de Justicia, donde la directora de la entidad, Alba Corona Valerio, destacó que el servicio procura que las víctimas cuenten con una representación digna ante los tribunales y aseguró que el organismo hace esfuerzos, como cada uno de los colaboradores, para lograr la protección.
“Son profesionales formados y capacitados, pero sobre todo, muy sensibles con el tema de las víctimas”, expresó. Estuvieron la directora de Persecución, María Rosalba Díaz, y el Consejo Superior del Ministerio Público.
Representantes Ministerio Público
Acto por aniversario
El documento expresa que al acto asistieron José Monteiro, director de la Misión Internacional de Justicia, y José Ceballos, director ejecutivo del Centro Casas Comunitarias de Justicia.
También la directora de Persecución, María Rosalba Díaz, y los representantes del Consejo Superior del Ministerio Público.