Actualmente en la República Dominicana existen 25 partidos y agrupaciones reconocidas por la Junta Central Electoral, más los que esperan serlo, que para un país con apenas 48 mil kilómetros cuadrados y una población aproximada de 11 millones de habitantes, es una cifra alarmante.

Es inconcebible que un país con tanta pobreza, con tantos problemas económicos, con una deuda externa que absorbe el 60 % del PIB, con una gran deuda social acumulada desde tiempos inmemoriales y con un déficit fiscal muy elevado, dedique tantos recursos a financiar a tantas agrupaciones políticas parasitarias, que en la mayoría de los casos no le rinden ningún servicio al país.

La cúpula que las dirigen, salvo muy escasas excepciones, solo se preocupa por alcanzar el poder para obtener grandes fortunas, beneficios personales y distribuirse los recursos del estado, colocando los intereses particulares por encima de los del país, por lo que las mismas se encuentran sumidas en el desprestigio, desconfianza y descrédito. Si estas no se cuestionan, renuevan; colocan los intereses del país primero ni aplican un programa de gobierno de justicia social, que castigue los actos de corrupción administrativa, que proteja nuestra soberanía y al medio ambiente, el sistema de partidos tiende a sucumbir, pues tienen muy poca cosa que ofrecerle al país. Son más de lo mismo.

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Desgraciadamente este desprestigio se debe a que se han apartado de los valores, de los principios éticos, morales y patrióticos enarbolados por los fundadores de nuestra nacionalidad y de los héroes de la Restauración, pues a la hora de gobernar no aplican un proyecto de nación, exhiben las mismas inconductas y falta de voluntad política, pues solo piensan en las próximas elecciones, no en las próximas generaciones, que es la esencia fundamental. Es lo que ha convertido a grandes partidos que en otrora fueron opción de poder, en agrupaciones muy débiles.

La República Dominicana tiene una de las democracias más costosas del hemisferio, pues los distintos partidos y agrupaciones políticas, además del financiamiento que reciben del Estado dominicano, reciben también recursos del sector privado, los cuales nunca se sabe. Este financiamiento público es lo que motiva la proliferación de estas; la mayoría no tiene estructuras políticas, objetivos definidos ni un proyecto de nación; actúan con un criterio puramente mercurial.

Algunas de ellas actúan como si fueran verdaderas franquicias comerciales, pues se ofrecen a la venta y se rentan al mejor postor; otras, de acuerdo a las posibilidades de triunfo que observen en uno de los partidos mayoritarios, se mueven de un lado para otro cada cuatro años.

Cuando se alcanza el poder, a estas hay que distribuirles varias instituciones públicas para que se las repartan entre sus partidarios y familiares, las cuales son manejadas como si fueran un feudo de su propiedad.

Los que nos iniciamos en las labores políticas hace más de 50 años enamorados de un puro ideal patriótico, tal como lo soñaron los héroes de Constanza, Maimón y Estero Hondo; Juan Bosch, Peña Gómez, Manolo Tavárez Justo y otros tantos, salvo los que traicionaron esos principios, no fuimos al Estado a buscar fortunas, riquezas, renombres, privilegios y reconocimientos. Fuimos a servir al Estado dominicano, no a servirnos de él. Ojalá puedan reflexionar.