Santiago hizo su tarea en materia de arbitrios. La cumplió antes que la DGII iniciara en la década pasada la reforma para organizar la base impositiva del país. 70% de los santiagueros podría pagar más tributos, si el Ayuntamiento garantiza mejores servicios, según estudio “Santiagobarómetro de gobernabilidad”.

Cursaba el inicio del gobierno municipal 2002-2006, cuando José Enrique Sued (alcalde) y Mauricio Estrella (regidor presidente), sesionaron con el Consejo de Desarrollo (CDES). Lograron acordar con el Plan Estratégico (Ordenanza 2549) y su directiva, cuáles proyectos podían asumir como Ayuntamiento.

En una gestión socialcristiana (PRSC), ese acatamiento “balaguerista” de lo acordado entre ciudadanía y gobierno, nos sorprendió. Especialmente porque todavía el cuaderno de registro de ingresos y egresos de Balaguer era un fetiche o categoría científica-financiera de primer orden.

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Los recibos con las deudas municipales de Santiago se encontraban en el suelo en 50 cajas de cervezas y espaguetis. Iniciamos con el apoyo de Unión Europea (UE) y AECID el diseño del sistema de recaudo que colocó a Santiago como ciudad más recaudadora.

Los munícipes podrían retribuir más al Ayuntamiento desde cuatro fuentes: i) arbitrios derivados del uso de suelo; ii) tasas de economía municipal; iii) licencias de gobernabilidad y iv) exacciones de servicios de inclusión social.

Del primer componente se derivan arbitrios de no objeción de uso de suelo; tasa de residuos sólidos por metro cuadrado de construcción. También multas a negocios que arrojan materiales de construcción en calles y aceras. Gravámenes por colocar bolsas de basura fuera de horario.

Asimismo, penalizaciones por edificaciones abandonadas, fachadas sucias y jardines reproductores de insectos y roedores. Igualmente por estacionarse encima de aceras y vías primarias. Tocar bocinas y vehículos sin silenciadores. También, multas por ausencia de dispositivos de riesgos y muchas otras. Tenemos un estudio de todas las resoluciones municipales 1962-2002.

Del segundo eje de economía, están arbitrios por uso de mercados municipales luego que estos sean rescatados. Tasas por uso comercial de espacios públicos para eventos comerciales y culturales de lucro. Arbitrios por acceso a balnearios, sendas y parques ecológicos. Aumento de tasas por colocación de publicidad exterior y más.

Del tercer y cuarto componentes se derivarían tasas por certificados de registro de juntas de vecinos, organizaciones comunitarias, revalidación bianual y manejo de sustancias de riesgo en salud.

Este sistema debiera fundamentarse en pacto social a favor de una nueva fiscalidad municipal por mejores servicios. Que se ajuste a Constitución y sea coherente al sistema tributario estatal. Una alianza replicable y corresponsable de arbitrios que robustezcan la gobernabilidad municipalista de Santiago.