Un nuevo modelo en el marco legal que regula el transporte público masivo, puede ser la diferencia entre una ciudad con un transporte deficiente como el que tenemos y un transporte como ocurre en las ciudades del primer mundo, con unidades en buen estado, servicio puntual y eficiente, y un manejo cortés y respetuoso de las leyes del tránsito.

El cambio en el marco jurídico propuesto se puede sintetizar de la manera siguiente:

Que la ciudad, mediante alguna institución del Estado, colecte el importe de todos los pasajes y celebre contratos de concesión, previo concurso, con las empresas de transporte, en los cuales se definan claramente los siguientes elementos contractuales:

– Descripción detallada del recorrido de la ruta propuesta y exigencias de calidad del servicio (tipo de vehículo, frecuencia, horario de servicio, uniforme del personal, etc.)

–  Cantidad de dinero a pagar a las empresas transportistas por cada kilómetro servido bajo las condiciones de calidad exigidas.

– Una tabla de sanciones pecuniarias, bajo toda reserva, que vincule las posibles faltas cometidas en la calidad del servicio, con multas que reduzcan el monto del facturado por kilómetro servido.

Prácticamente todos los problemas que tenemos con el transporte público masivo son consecuencia de que los transportistas obtienen sus ingresos directamente del pasajero.

Dado que no hay una entidad que pueda establecer y hacer cumplir las regulaciones vía la sanción pecuniaria, la alternativa que nos queda es confiar en la responsabilidad ciudadana de los transportistas, prácticamente inexistente, o en el exceso de la autoridad para hacer cumplir la norma.

Actualmente nuestras calles son el campo de batalla en donde bandas rivales se enfrentan en su lucha por obtener el pasajero.

Tan pronto cambie el marco jurídico, el concesionario de una ruta no tendrá que preocuparse por el número de pasajeros que transporte, él cobrará por kilómetros servidos. Su única preocupación será dar un servicio que se ajuste a las exigencias de excelencia en la calidad que consigna el contrato.

Desde el momento que el nuevo modelo esté funcionando, el transporte cambiará:

– Autobuses en buen estado.

– Paradas establecidas, conocidas y respetadas.

– Frecuencia y horario preciso y constante.

– Respeto irrestricto a las leyes de tránsito.

– Choferes y personal de a bordo uniformados y corteses.

– Tiempos de viajes constantes.

No es utopía, se puede lograr.

El mayor escollo para la implementación del nuevo modelo lo encontramos en la relación clientelista Transportistas-Gobierno.

Los transportistas se van a huelgas ilegales, se amotinan, destruyen propiedades y hasta queman mujeres embarazadas; sabedores de que el gobierno les asistirá con subsidios o les comprará unidades nuevas vía el RENOVE de turno.

El que paga la infamia es el pasajero.

Tenemos una gran oportunidad de cambiar esa realidad. Debemos aprovechar la puesta en marcha del Metro de Santo Domingo para dejar establecido el nuevo modelo de marco legal.

Rescatemos al pasajero de la infamia, proporcionando un transporte público digno y eficiente.