A pesar de que el Gobierno dominicano financió con préstamos por un monto de US$131,249,200 los tres componentes que darían vida al sistema de comercialización de productos agropecuarios que manejaría Mercados Dominicanos de Abasto Agropecuario (Mercadom), el proyecto quedó inconcluso y estuvo rodeado de irregularidades que incluyen el pago de comisiones a lobistas y contratistas.
La primera etapa del llamado Programa de Mercados, Frigoríficos e Invernaderos (Promefrin) fue la construcción del mercado mayorista Merca Santo Domingo y, posteriormente, de los mercados minoristas de Cristo Rey y Villas Agrícolas, que fue adjudicada al Consorcio Mercasa-Incatema Consulting (CMIC).
El contrato original se firmó en el Gobierno del expresidente Hipólito Mejía, el 18 de diciembre del 2000, por US$84,350,000. Con el paso del tiempo, después de varias adendas y por múltiples inconvenientes en el proyecto, las obras se ejecutaron por US$69,249,200, según el informe pericial sobre la Sociedad Estatal Mercados Centrales de Abastecimiento (Mercasa), que se investiga en la Audiencia Nacional de España.
Para la época el lobista del proyecto era el español Carlos Groizard, delegado de la Empresa Expansión Exterior, que originalmente estaba detrás de estos proyectos. Allegados a Groizard, que falleció en el país, cobraron una comisión de un 8% del contrato.
Las comisiones, sin embargo, fueron muchas más porque ese contrato no fue cerrado hasta el 2012, cuando el entonces presidente Leonel Fernández entregó la obra. Hubo un segundo contrato, en el 2013, puesto que el mercado no abriría sus puertas formalmente hasta el 2014, que fue inaugurado por el presidente Danilo Medina.
Las adendas. El contrato del Merca Santo Domingo, firmado por el entonces secretario de Agricultura, Eligio Jáquez, tuvo diez adendas desde el 2000 al 2012.
Las primeras, firmadas el 10 de diciembre de 2001 y el 10 de junio del 2002, prorrogaron la vigencia de los contratos, mientras que en la tercera, del 10 de octubre de 2002, Agricultura reconoció la cesión de derechos del contrato marco a favor del consorcio CMIC.
El 19 de marzo de 2003 el CMIC y Agricultura firmaron la cuarta adenda para dar inicio a la Fase 1 del Mercado Mayorista de República Dominicana por un importe de US$29,751,891.
La quinta adenda se firmó el 16 de junio de 2003 para hacer la Fase II del proyecto, por un monto de US$19,248,109. Más adelante, hubo una enmienda firmada por el exsecretario Amílcar Romero y redujeron el monto a US$16,172,309. Hubo otra adenda más pero no fue significativa.
La octava adenda se firmó el 3 de enero de 2006 y estableció un pago de US$20,250,000 para servicios y obras adicionales para mejorar algunos mercados. La novena adenda, del 15 de abril de 2006, elevó la suma a US$23,325,000.
El 10 de octubre de 2012 se firmó una décima adenda para construir, llave en mano, un conjunto de mercados minoristas por un monto de US$377,000,000. Dicha adenda fue firmada por Luis Ramón Rodríguez Peña, exministro de Agricultura, pero nunca llegó a entrar en vigor.
Comisiones. Los contratos suscritos entre el Ministerio de Agricultura y el CMIC para la ejecución de la Fase II y Fase III del proyecto muestran indicios de comisiones pagadas a los socios del CMIC en concepto de “gastos comerciales”. Estos pagos fueron adicionales a los contratos firmados.
Las comisiones, que eran de un 3% y 4.5% del valor del contrato, fueron pagadas a los socios de las empresas Incatema e Ibadesa. Además a los de las empresas dominicanas Kantor Business Group y 4D Business Group, propiedad de Daniel Aquino, que está implicado en caso de los aviones Súper Tucano.
Contrato 2013. El informe pericial detalla que para continuar con el Programa RENA (Red Nacional Alimentaria) Agricultura licitó a finales de marzo del 2013 la construcción y entrega llave en mano de 9 mercados minoristas, un mercado mayorista y 3 mataderos regionales. Además ampliar y remodelar el Merca Santo Domingo y el mercado minorista de la Duarte y complementar el mercado minorista de Villa Consuelo.
Para esta licitación, que es la MA-LPN-03-2013, CMIC se asoció con la empresa Equipos y Construcciones del Cibao (Ecocisa), que es presidida por Arquímedes Cabrera, un gran contratista del Gobierno; y contó con la colaboración de Aquino.
El CMIC fue el único licitador que superó la evaluación técnica en la apertura del sobre A pero, como indica el informe, habría recibido el pliego de condiciones para lograrlo. Aunque fue impugnado, CMIC lo resolvió ofreciéndole obras por US$30,000,000 a Cadocon-Corsán Corvian, que impugnó.

El informe agrega que el CMIC pudo haber contado con el apoyo del entonces ministro de Agricultura, Luis Ramón Rodríguez Peña, para la adjudicación del contrato licitado.
IBT Group. En la construcción de los mercados también participó la empresa IBT Group, que se encargó de los trabajos de las calles de acceso, estacionamientos y almacenes, entre otros.

En el país esa empresa está representada por el empresario José Brea. Además del Merca, ha trabajado en la construcción llave en mano de varios hospitales, así como en equipamiento.
IBT es una empresa subsidiaria de Eurofinsa, que ha sido investigada por pagos de sobornos en Angola.
Pagos. Las autoridades españolas cuestionan el pago irregular de US$500,000 que se destinó a la formación del personal que trabajaría en el Merca Santo Domingo pero el antiguo administrador de Mercadom, Eusebio Guzmán, asegura que el dinero se usó correctamente. Indicó que el país no recibió dinero sino que ellos cubrieron los gastos de los entrenamientos a los entes que participarían en el mercado, tales como productores mayoristas y minoristas, empleados y técnicos.
Otro pago que investigan las autoridades españolas es por qué Mercasa donó de RD$500,000 para una cena del candidato presidencial Danilo Medina en el 2011.
Atrasos. Guzmán explicó que cuando el expresidente Leonel Fernández llegó al Gobierno los proyectos apenas tenían un avance de un 20%. “La razón de que esos proyectos tuvieran tanta dilación es que eran proyectos llave en mano y eso que ese fue el proyecto que tuvo mejor ejecución de los tres llamados proyectos españoles, que eran invernaderos frigoríficos y mercados”.
Al ofrecer detalles de los otros proyectos, Guzmán explica que el país financió US$31 millones para la instalación de 200 invernaderos pero solamente se montaron 177 porque no aparecieron los materiales para los otros. “Al señor que los vendió se le pagó el montaje y todo pero sin haberlo montado”.
Las estructuras se compraron en el Gobierno de Mejía y fueron depositadas en varias provincias. La instalación, que no fue hecha por la empresa contratista Constructora de Invernaderos Sánchez (Coinsa), duró entre cinco y seis años.
En torno a los frigoríficos, Guzmán explica que se pagaron entre US$31 y US$32 millones por cinco almacenes frigoríficos. Posteriormente, contrataron otro. “También sucedió lo mismo: los sacaron del muelle y los tiraron en diferentes lugares del país: uno lo llevaron a Barahona, otro a San Juan de la Maguana, otro a San José de Ocoa, otro a La Vega, donde estaba el peaje ahí de la autopista, no recuerdo el nombre pero es muy próximo a la entrada de La Vega… el quinto frigorífico fue a Constanza y el sexto llegó al Merca Santo Domingo, que ese llegó ya en el Gobierno de Leonel pero había sido contratado en el de Hipólito”.
De ellos solo se instalaron los de Constanza y el Merca Santo Domingo. “Se le dio un contrato a una compañía privada, que se constituyó; ahí Felito García y compañía es que estaban al mando de eso, a la cabeza de esa empresa nueva. Entonces ellos son los que administran, ellos consiguieron una concesión de venta del Gobierno para instalarla y ellos usufructuarla”, sostuvo. Las estructuras están en Punta Caucedo.
Por los frigoríficos se perdieron US$3.6 millones porque se pagaron US$600 por la instalación de cada uno. La empresa que debió instalar era Ramón Vizcaíno Internacional (RVI). La compañía argumentó en su momento que muchos equipos se deterioraron porque estaban a la intemperie.
Procesados. Los exsecretarios Eligio Jáquez y José Antonio Fabelo, junto a otras seis personas, fueron enviadas a juicio de fondo el 26 de mayo del 2006 por presunta estafa por más RD$500 millones en la distribución de 51 invernaderos. Los descargaron en febrero de 2008.
Depuradora. La Corporación de Alcantarillado y Acueductos de Santo Domingo (Caasd) contrató grado a grado a otra de las empresas relacionadas con el consorcio, Incatema Consulting & Engineering, para que construya una planta de tratamiento de aguas residuales en las márgenes de los ríos Ozama e Isabela. El contrato, firmado en el 2013, tiene un financiamiento de 55.7 millones de euros. La obra, sin embargo, no se ha terminado aún. Entraría en operación en el 2019.