Por Kelvin Jiménez

El 17 de septiembre pasado el presidente Luis Abinader Corona, emitió el decreto 581-21 que crea el Sistema de Seguridad Ciudadana, en la disposición le otorga facultades al ministro Jesús Vásquez Martínez, para poner en práctica este importante mecanismo que busca articular acciones con la participación de varios sectores sociales.

El artículo cuatro de dicho decreto, plantea como marco estratégico “ejecutar eficazmente las acciones del Estado en las implementaciones de políticas públicas de prevención del delito, promover la participación ciudadana, garantizar y conservar la paz y la seguridad ciudadana”, con el apoyo de un equipo interdisciplinario de diferentes ramas del saber en ciencias sociales.

El sistema contempla la creación de la Dirección Gerencial de Implementación para todo lo concerniente a las acciones, programas, planes y políticas, también instituye una Dirección Ejecutiva que deberá armonizar con las funciones que tienen la Mesa Nacional y Locales de Seguridad Ciudadana y Género, descrito en los artículos dos y tres párrafos dos.

La Dirección Ejecutiva tiene como pauta transformar el Observatorio de Seguridad Ciudadana en un Centro de Análisis de Datos, convirtiendo el espacio en referente para medir el impacto de las acciones en materia de seguridad. El artículo ocho señala esta dirección como responsable del cumplimiento de la Estrategia Nacional Integral de Seguridad Ciudadana “Mi País Seguro”.

Con la puesta en marcha del Sistema, podemos ser un referente latinoamericano, por ejemplo, en Honduras no existe un sistema que articule las diferentes instituciones cuya función pública sea direccionar todo lo relacionado con la violencia, y delincuencia con cierta capacidad de gestión compartida, y esto ocurre en gran parte de la región.

Lo que nos parece una experiencia a tomar en cuenta es México con la creación mediante ley del Sistema de Seguridad Ciudadana, el primero de agosto del año 2019, teniendo como propulsora a la jefa de gobierno la señora Claudia Sheinbaum Pardo.

Se destaca el componente de justicia sobre todo que forma parte integral en el esquema la Fiscalía. De igual forma la prevención social del delito y el énfasis que coloca la convivencia pacífica y solidaria; y que nuestra nación debe prestar la debida atención debido a la violencia social en todos los órdenes en especial la que escenifican el cuerpo del orden y ciudadanos.

Un referente para evaluar y conocer son los esfuerzos que realiza Jamaica y la aprobación del Consenso Nacional sobre Crimen en el año 2020 que incluye un plan de reducción de la criminalidad que es fiscalizado por un comité multisectorial no partidista. Una de las principales prioridades es la modernización y transformación de la Fuerza Policial, así como programas sociales y comunitarios eficaces.

Al Sistema de Seguridad Ciudadana le recomendamos tres acciones, la primera, un pacto por la seguridad ciudadana que incluya a los partidos políticos, sociedad civil organizada con metas compartidas con el sistema de justicia penal, metodología clara y confiable de medición de resultados donde el respeto de los Derechos Humanos se promueva en todo momento.

La segunda acción, es que el Ministerio de Interior asuma como dependencia administrativa y funcional el Sistema Nacional de Emergencia 9-1-1 y la parte operativa asignada a la Dirección de Prevención de la Policía Nacional, de igual forma el Cuerpo Especializado de Seguridad del Metro y que las direcciones de Crímenes y Delitos, Inteligencia Delictiva y Delitos Electrónico, sea convertida mediante ley en agencias de seguridad integrada por profesionales civiles, policías y militares.

La tercera acción, es realzar los esfuerzos necesarios a fin de dar los pasos de contar con un manual de convivencia ciudadana que haga frente a la violencia social imperante en el país, en tal sentido, como contamos con asesores colombianos en el proceso de Transformación y Profesionalización Policial, pueden aportar con su experiencia con el Código Nacional de Policía y Convivencia.