Sistema pensiones no garantiza un reparto justo

Kirsis Jáquez, Arismendi Díaz Santana, Rafael-Pepe- Abreu. Durante el Almuerzo semanal del Grupo de Comunicaciones Corripio en el Periódico Hoy Santo Domingo Rep. Dom. 31 de julio de 2019. Foto Pedro Sosa
Kirsis Jáquez, Arismendi Díaz Santana, Rafael-Pepe- Abreu. Durante el Almuerzo semanal del Grupo de Comunicaciones Corripio en el Periódico Hoy Santo Domingo Rep. Dom. 31 de julio de 2019. Foto Pedro Sosa

El sistema de pensiones de la República Dominicana no garantiza un reparto justo, por lo que es necesario abocarse a una discusión seria técnica y financiera, para nalizar las propuestas de los sectores vinculados a fin de buscar una solución de consenso.
El tema fue abordado en el Almuerzo Semanal del Grupo de Comunicaciones Corripio por Arismendy Díaz Santana, exgerente general del Consejo Nacional de la Seguridad Social (CNSS); Kirsis Jáquez, presidenta ejecutiva de la Asociación Dominicana de Administradora de Fondos de Pensiones (ADAFP), y Rafael (Pepe) Abreu, presidente de la Confederación Nacional de la Unidad Sindical (CNUS).
Aunque plantearon aspectos disidentes, coincidieron en la necesidad de generar una propuesta de consenso que garantice la calidad de vida de los trabajadores una vez culminan su etapa laboral.
Jáquez ponderó el proyecto de reforma a la Ley 87-01, que crea el Sistema Dominicano de Seguridad Social, sometido en marzo pasado por el Poder Ejecutivo ante el Congreso Nacional, tras precisar que la propuesta no tiene como objetivo central cambiar el esquema de cobro de las comisiones de las AFP, sino más bien resolver la distorsión que existe en la ley original en cuanto a moras, retrasos y recargos.

“La misma Tesorería de la Seguridad Social (TSS) ha revelado que producto de la distorsión y mala aplicación de ese mecanismo de recargos y mora en los atrasos, la deuda de empleadores tanto privados como públicos con la seguridad social supera los 200 mil millones de pesos, de los cuales menos del 10 por ciento es capital, precisó.
En ese contexto, agregó, que el crecimiento de la deuda hace imposible ponerse al día cuando tiene una situación de retraso con la Seguridad Social”.

Señaló que la Ley 87-01 nació con debilidades de fiscalización y recaudo en sus características para realizar su rol.
“Más de 160 mil trabajadores están fuera de la Seguridad Social porque sus empleadores no tienen forma de ponerse al día con ese mecanismo de mora, recargo e intereses y tampoco permite hacer acuerdo de pagos”, enfatizó la representante de la Adafp.
Kirsis dijo vienen planteando una transformación profunda a la ley de Seguridad Social desde 2013.
De acuerdo a lo explicado, hay factores que se deben tomar en cuenta al momento de una reforma, tales como la alta informalidad laboral y el gran nivel de rotación de los puestos de trabajo, salarios inferiores al mínimo, la expectativa de vida y la rentabilidad.
De su lado, Pepe Abreu cuestionó las debilidades del proyecto.
Manifestó que “el Gobierno no ha propuesto ninguna reforma de fondo, ya que se atemorizó en una reunión en Palacio Nacional al escuchar las posiciones de los sectores presentes sobre la necesidad de una reforma profunda. En definitiva, agregó que presentó algo que persigue cosas, como fortalecer la TSS, la Dida y la amnistía, sobre todo, a entidades como los cabildos. Afirmó que el único sector que hizo por escrito un planteamiento de reforma profunda fue el movimiento sindical.
“El sistema está planteado para que en 15 años, cuando comiencen a salir los primeros pensionados, tengamos graves protestas cuando un 50 por ciento de la gente no alcance para tener una pensión. El sistema está hecho no pensando en las personas, sino en las ganancias, en las AFP”, precisó.
Favorece que el empleado que cotice 360 meses que son 36 años, pueda tener derecho a una pensión de cien por ciento; el que cotice 25 años tenga derecho a una pensión del 90 por ciento y el que lo haga durante 20 años, de 80 por ciento. “Nunca la tasa de reemplazo de un cotizante del sistema puede ser menor a un 60 por ciento”, acotó.
Revisión
El experto en seguridad social, Arismendy Díaz Santana, cuestionó que se pretenda tomar los recursos de los trabajadores para financiar la TSS y la DIDA.
Favorece el fortalecimiento de estos organismos, pero buscando otros métodos “sin que se toque el dinero de los trabajadores”.
De igual forma, criticó que el Estado destine desde hace seis años 200 millones de pesos anuales para la TSS, sin que se haya producido el más mínimo incremento. “No hay voluntad gubernamental de aumentar esos recursos”, puntualizó exgerentte general del Consejo Nacional de la Seguridad Social (CNSS), durante su participación en el almuerzo del Grupo Corripio.