POR GERMAN MARTE
Un informe del Banco Mundial (BM) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) establece que el sistema político dominicano está basado en amplias facultades presidenciales ante lo cual hay poco contrapeso de otros sectores del gobierno, al extremo de que no incluye virtualmente ningún límite al poder del Ejecutivo para adjudicar contratos públicos en forma directa, sin concursos de licitación.

«Esta autoridad descomedida, agravada por una limitada fiscalización, puede utilizarse para compensar a los aliados políticos y contribuidores financieros», sostienen el BM y el BID en su Informe de Evaluación Fiduciaria de la República Dominicana.

El informe expone que debido a que muchos cargos gubernamentales se asignan por medio de contactos personales en lugar de concursos competitivos basados en aptitudes técnicas, el Estado carece de Servicio Civil profesional, situación esta que ha traído como consecuencia prácticas administrativas ineficientes, limitadas acciones para hacer cumplir las disposiciones normativas, aceptación generalizada de la falta de cumplimiento y disminución de la confianza pública en el gobierno.

Aunque se han emprendido múltiples iniciativas para realizar reformas en todos los sectores del gobierno, prosigue el informe, muchas de las instituciones del país han sido afectadas por el legado de su pasado autoritario.

Ese legado, de acuerdo con la evaluación dada a conocer por el BM y el BID, continúa afectando a todos los aspectos del gobierno «creando círculos viciosos y haciendo difícil que las buenas prácticas se arraiguen y sirvan de elemento catalizador de mejoras al sistema.

Concomitantemente con esta realidad, precisan, están el poco acceso público a información de calidad y bajos niveles de responsabilidad en el gobierno, proliferación de entes administrativos con duplicidad de funciones, los que raras veces coordinan sus esfuerzos.

Además, falta de entes administrativos establecidos y, como resultado, uso de enfoques a discreción y falta de respuestas institucionales. También limitados recursos técnicos para apoyar la función legislativa, lo cual se traduce en débiles políticas reguladoras y una falta general de claridad y calidad en el marco regulador.

Asimismo, se expresa en la existencia de un organismo electoral independiente pero con limitada capacidad para controlar el financiamiento de campañas o regular el financiamiento de los partidos. Otra de las consecuencias es la laxitud (flojedad) en las acciones orientadas a hacer cumplir las leyes.

Y también el limitado impacto de la sociedad civil sobre el desarrollo y monitoreo de políticas, a pesar de algunos logros importantes en materia de reformas judiciales y electorales, y la limitada capacidad para prevenir, investigar y tomar acciones legales contra los casos de corrupción.

En otro orden, el informe critica «las limitadas destrezas técnicas» disponibles en el Congreso, lo que a su juicio se traduce en una «baja calidad legislativa».

MARCO REGULADOR DEBIL

Sostiene el informe que la debilidad del marco de control regulatorio y su incapacidad para desarrollar estrategia fiscales y monetarias adecuadas se volvió evidente en el 2003 al declararse en quiebra Banínter, uno de los más grandes del país, «descubriéndose serias irregularidades y prácticas fraudulentas».

Indica que la recompra por el gobierno en el 2003 de inversiones privadas en dos empresas eléctricas responsables de la distribución de energía eléctrica puso al descubierto la mala calidad del marco regulador. Y aunque el gobierno y el sector privado se han culpado mutuamente por los problemas del sector energético, «ambos sectores han preferido recurrir a las negociaciones informales para superar los problemas relacionados con la Ley General de Electricidad del 2001, en lugar de centrarse en mejorar el marco regulador del sector».

De acuerdo con el BM y el BID, instituciones débiles han obstaculizado la gestión económica y fomentado desincentivos que han afectado la calidad de las instituciones, lo cual provoca que ni los partidos ni el gobierno hayan defendido enérgicamente políticas económicas acertadas y transparentes apuntadas al logro del crecimiento y una distribución equitativa de los beneficios económicos del desarrollo.

«La debilidad del estado de derecho también puede contribuir a la perpetuación del amiguismo, el que a su vez debilita aún más el estado de derecho», afirman el BM y el BID.

Según el informe, se han producido algunos acontecimientos positivos respecto al Poder Judicial, entre los que cita el fortalecimiento de la independencia de la Suprema Corte de Justicia, la concesión de permanencia en el cargo de los jueces y una ley del 2003 que reformó la oficina y funciones del Procurador General de la República, «aunque estas instituciones aún está sujetas a cierto nivel de interferencia política».