Sistema sanitario en  bancarrota 

<P>Sistema sanitario en  bancarrota </P>

Los hospitales son el principal soporte del sistema sanitario, y de su buen o mal funcionamiento depende el éxito o el fracaso de la política de salud del país. Son el centro neurálgico de la atención en salud y del funcionamiento de la porción subsidiada del Sistema Dominicano de Seguridad Social. Su función es dar servicio al segmento poblacional que no está en condiciones de cubrir algunos de los costos de la medicina elemental y mucho menos aquellos tratamientos y procedimientos de la atención especializada.

Un sistema sanitario quiebra cuando su soporte logístico -los establecimientos de atención médica- entran en un estado de precariedad que limitan o imposibilitan sus servicios. En poco tiempo han salido a relucir las dificultades que atraviesan hospitales como el Darío Contreras, el Luis Eduardo Aybar en el Distrito Nacional y el Juan Pablo Pina, de San Cristóbal. Las malas condiciones financieras, por atraso de las subvenciones, se asocian al deterioro físico para sumir estos centros en la calamidad.

Por menos que se quiera admitirlo, el efecto social de esta situación representa una especie de quiebra del sistema sanitario y una exclusión obligada para millones de ciudadanos que no reciben las atenciones en la calidad que requieren sus padecimientos. Las autoridades tienen que actuar para ponerle fin a esta situación.

Uso del Fondo  de Pensiones

La puesta en vigencia de la Ley de Desarrollo del Mercado Hipotecario y de Fideicomiso (189-11) crea el ambiente propicio para la inversión  de una porción del Fondo de Pensiones, en el que los trabajadores han acumulado hasta la fecha  175 mil millones de pesos. Se proyecta que de esos, 35 mil millones podrían ser utilizados en la construcción de viviendas modestas. Aunque los fondos de fideicomiso están sujetos a estrictas regulaciones basadas en la fidelidad de  las partes, es necesario que se tomen todas las precauciones posibles para garantizar el retorno de la inversión.

Es necesario, además, que haya un estricto apego a los criterios que definen lo que es una  vivienda modesta o de interés social, para evitar distorsiones indeseables en el destino dado a los fondos de los trabajadores. Su uso debe generar el beneficio social de  ayudar a disminuir el déficit de techos para familias de escasos recursos que existe.

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