Por definición, un sistema público de transporte tiene que ser colectivo y servir a la mayoría de las personas. Su tendencia debe ser la de ofrecer el mejor servicio en condiciones óptimas. Pero como vivimos en República Dominicana donde los políticos hacen totalmente lo contrario a lo prometido, nada debía sorprendernos.

Hubo una época no muy lejana en la que los mismos que ahora gobiernan decían estar interesados en solucionar los problemas del tránsito en la ciudad capital. Y parece que entonces era verdad. Lo hicieron tan bien que se expandieron hacia Santiago y continuaron cosechando éxitos. Lamentablemente fueron forzados a salir de la administración del Estado en las elecciones de 2000. Habían aplicado mano fuerte para disciplinar el tránsito y descubrieron que la población respaldaba ese estilo sin abusos, sin privilegios y sin corrupción. También lograron poner en funcionamiento un servicio de autobuses, totalmente estatal, que transformó el comportamiento del sector al tiempo que daba un servicio de primera entre sitios distantes. En aquellos tiempos las instituciones a cargo de ese salto adelante eran conocidas como Autoridades, y de verdad la ejercían.

Retornaron a la administración del Estado olvidando sus intenciones anteriores. La codicia, la ambición y la corrupción penetraron el lugar donde se tomaban las decisiones fundamentales. Con tanta fuerza que empezaron a descartar las ideas que solucionaban problemas para sustituirlas por proyectos que dejaban muchísimo beneficio a sus bolsillos. La opulencia se hizo insultante. Construyeron por la libre, sin supervisión y sin rendir cuentas por los resultados finales. Mutaron hacia lo peor y la prisa por enriquecerse brutalmente borró la obligación de servir al pueblo. Los del transporte travesti olvidaron lo bueno que habían hecho y empezaron a inventar proyectos que no resolvían los problemas sino que financiaban sus interminables ambiciones electorales. Ignoraron lo bueno que habían creado y soñaron con trenes que van y vienen de ninguna parte. No aceptaron las propuestas con soluciones fáciles, baratas y lógicas. Optaron por aquellas que, desde el principio, mostraron ser ineficientes, irracionales y caras. A sabiendas y arrogancia despreciaron los ejemplos de Curitiba y de Bogotá.

Luego de inaugurados el producto de sus sueños, los resultados han sido ocultados como corpus delictus de lesa humanidad. No ha mejorado la velocidad de traslación por la avenida donde el tren subterráneo debió resolver el caos. Los vehículos circulan ahora más lento que cuando no existía el tren del enriquecimiento indigno. Temen decir la verdad en cuanto a la exigua cantidad de usuarios de aquella moderna maquinaria. Esconden el endeudamiento externo y desfiguran los pagos de intereses para no ser descubiertos en su asalto al erario. Los gastos mensuales de personal y de mantenimiento son camuflajeados para que nadie se entere que nuestros impuestos se deslizan como mojones en chorrera.

Ahora van a construir pasos a desnivel que costarán todo el dinero del mundo. Eso ocurre en vez de comprar autobuses para OMSA y respaldar a los organismos que de verdad debían estar para organizar y facilitar el transporte. Construirán elevados por donde estarán prohibidos de circular los camiones, los autobuses, las motocicletas y, por supuesto, nunca habrá allí pasajeros para los carros-conchos, ni los moto-conchos. Quedará entonces esa enorme inversión destinada para los automóviles y jeepetas de propiedad privada en los que la cantidad de pasajeros es mínima. Esto así, las calles y avenidas seguirán llenándose de unidades livianas cada día más viejas e ineficientes que se interrumpen unos a otros a pesar de que la lógica indica que vehículos colectivos de gran capacidad solucionarían el problema. Gracias a todas esas obras en construcción, veremos entonces a los directores responsables de otorgarlas, reanudando sus respectivos proyectos personales como empresarios privados con dineros que, aparentemente, surgen de la nada. Y percibiremos cómo continúa desarrollándose el círculo vicioso de la pobreza generalizada y los prolongados apagones eléctricos mientras el enriquecimiento de los funcionarios se multiplica. En tanto, el tránsito seguirá siendo un trasvestido de la realidad gracias al insoportable caos. Pero siempre tendrán a mano alguien para echarle la culpa por el desorden: a los transportistas sindicalizados. Porque esa siempre ha sido la coartada predilecta para justificar su enriquecimiento a costas del erario.