JOSÉ LUIS ALEMÁN S.J.
Decían los romanos que aceptar la verdad equivalía a vestirse la toga viril, a ser ciudadano reconocible del Senado y del Pueblo Romano. En aquellos tan antiguos como actuales tiempos el ciudadano adquiría el derecho de vestir ropa distintiva como lo hacen hoy en día profesores en ciertos actos académicos, pastores y militares más frecuentemente.

Terminó, diríamos, la edad en que caían, si no bien al menos no tan mal, modas propias de años de protesta alardosa porque la vida exigía responsabilidad respecto a la sociedad.

También caben a los pueblos talantes contestatarios unos, contra ajustes que limitan el espacio de consumo y de libertad, y aceptadores sobrios, otros, que tienen que cargar con las consecuencias de aquellos dichosos y bienaventurados años de cimarrona existencia.

Los rituales Informes del Gobernador del Banco Central y de los secretarios Técnico de la Presidencia y de Finanzas al director gerente del Fondo Monetario Internacional, ahora Rodrigo de Rato y Figaredo, acompañados casi siempre de solicitud de otorgamiento de dispensas por incumplimiento de compromisos antes concordados, son testigos de la confesión pública, no por obligada menos meritoria, de la situación objetiva en que se encuentran Gobierno y País.

Por supuesto las confesiones públicas y privadas vienen acompañadas de circunstancias amortiguadoras de culpa. Así y todo son momentos de verdad. Tratemos de hallarla en la carta del 24 de abril de nuestras autoridades económicas al Gerente del FMI sin olvidar que el Directorio del Fondo ha expresado oficialmente su satisfacción y respondido con dispensas y masivos desembolsos financieros de más de 660 millones de dólares.

La situación económica del país en la carta al FMI

1. En líneas generales la carta del Gobierno Dominicano presenta los buenos resultados cuantitativos logrados en lo que se refiere al crecimiento del PIB 9.3% en el 2005 y 5.5% previsible para este año; de la inflación, 7.4% y 5-7% en los mismos años; del déficit del sector público consolidado, 3.3% del PIB y para este año 2.8%; y aumento de las reservas internacionales muy por encima de lo previsto y para 2006 leve aumento. En general los criterios cuantitativos de desempeño establecidos en el Acuerdo Stand-By se han cumplido con amplia holgura.

2. La nueva carta al FMI reconoce que varios de los acuerdos estructurales de tipo institucional no han sido logrados y por eso solicita explícita dispensa por el incumplimiento de la eliminación del excedente presupuestario a libre disposición del Ejecutivo que requeriría la aprobación por el Legislativo de los gastos asociados con el excedente de ingresos sobre gastos presupuestados. Tampoco se lograron metas como la eliminación de atrasos de pago de deudas especialmente en el sector energético, la probación de un presupuesto neutro (curioso epíteto para indicar que debía contener impuestos que igualasen el monto perdido por compromisos con el CAFTA), nombramiento por el Senado de los miembros de la Junta Monetaria, negociación de memorandums de entendimiento de algunos bancos comerciales y planes para recapitalización del Banco Central y de la deuda cuasi fiscal.

Atrasada se encuentran también varios proyectos de ley con los que se busca asegurar la reorganización de la política fiscal en enero de 2007: establecimiento de una cuenta única de tesorería para todos los ingresos del gobierno central, agencias autónomas y organismos descentralizados que permita su monitoreo por el Congreso y la ley de compras y contrataciones

Públicas. Ciertamente la falta de aprobación de leyes presentadas al Congreso no dependen constitucionalmente del Ejecutivo, pero algunas de ellas pueden ser adoptadas administrativamente por el Ejecutivo como la cuenta única, la supresión del excedente presupuestario y, sobre todo, la licitación de obras y contratas públicas (el Decreto Puente fue insatisfactorio). Retrasar su cumplimiento hasta junio de 2006, justo después de las elecciones, es indicio de partidismo. Aparentemente el FMI se muestra tan comprensivo hacia estas dificultades políticas como lo hizo con el pasado Gobierno antes de las elecciones presidenciales.

3. Poco satisfactorias han resultado las políticas monetarias en lo que se refiere a la estrategia para reducir el déficit cuasi fiscal del Gobierno. Los aportes procedentes de la venta de activos relacionados al rescate bancario se estiman en sólo US$ 200 millones, unos RD$ 6,500 millones, y del Presupuesto RD$3,440 millones, en total unos RD $10,000 millones, apenas representan un 10% del monto total de Certificados del Banco Central. Además el Gobierno solicita dispensa por retrasar en tres meses, otra vez julio y no marzo del 2006, el plan de recapitalización.

La importancia de reservas internacionales para la política monetaria es cuestionada en la literatura. Tan innegable es su utilidad para resistir variaciones bruscas pero pasajeras de la tasa de cambio como su ineficiencia para frenar fugas de capital. Sin duda amortiguan la urgencia de emprender ajustes violentos de la política monetaria y cambiaria cuando se registran deteriores lentos de la balanza de pago y se toman medidas correctivas apropiadas. En ausencia de estas correcciones existe el peligro de un deterioro pronunciado de la situación cambiaria de un país motivada por fugas de capital.

El exitoso esfuerzo del Banco Central por acumular era recomendable para ofrecer garantías del pago de la deuda externa. En el momento actual, dadas la fuerte tendencia al deterioro de la cuenta corriente de la balanza de pagos que pasará del 0.5% del PIB en el 2005 al 2.4% en el 2006, y un marcado laissez faire de la política fiscal respecto a las importaciones, temo que las reservas ofrezcan ventajas aparentes si el Gobierno no disminuye el gasto público y si el Banco Central no sube los intereses para frenar una temible fuga de capital y para disminuir el ritmo de expansión de la economía ( francamente un incremento del 12% del PIB en el primer trimestre de este año es insostenible. ¡Piénsese que el Banco estima la tasa anual de crecimiento para este año en 5.5% lo que implica un fuerte frenazo a la expansión del PIB para el resto del año).

4. Difícil en extremo son los ajustes estructurales diseñados por el FMI y aceptados por el Gobierno. La resistencia de los Bancos Comerciales y en particular de algunos de ellos en situación difícil ha sido grande y pública. Estos ajustes suponen una fuerte disminución de las facilidades crediticias otorgadas a proyectos a largo plazo, muchas veces de accionistas y administradores. Pero también es cierto que el riesgo de iliquidez resultó real y que la comunidad bancaria internacional reclama no sólo que cumplamos con las normas de Basilea sino obliga a los bancos en dificultades a presentar planes de saneamiento que eviten crisis como la del 2003. Hay que tener en cuenta también que sin acceso a inversiones y capitales extranjeros nuestra economía apenas sería viable.

La magnitud de las reformas y la natural resistencia hacia ellas han obligado largas negociaciones que han retrasado el logro de los términos acordados: evaluación de los planes de saneamiento, análisis de la calidad de la cartera, requerimientos de información y mejora de sistemas de control y de riesgos. Mientras tanto el Banco Central ha concedido instrumentos envidiables de liquidez a la banca comercial que la ayuden a superar las dificultades del período de transición. En general, sin embargo, los avances de reformas bancarias avanzan más rápida y profundamente que en el sector público.

Más lentamente avanzan los planes para la regulación y supervisión de los mercados de valores y de seguros imprescindibles para ampliar las fuentes de financiamiento de las inversiones a largo plazo.

4. Negativo ha sido el desempeño energético del país. La misiva del Gobierno acepta que el brutal aumento del déficit del sector, que al llegar en subsidios en el 2005 a US$ 620 millones casi duplica los US$ 350 millones, se debe no sólo a los mayores precios del combustible sino al pobre desempeño de los índices de recuperación del efectivo y a un aumento de la provisión de energía y puede afectar el gasto publico no prioritario.

Expresamente confiesa el Gobierno que si bien nuestra intención es de que la tarifa eléctrica fluctúe en línea con los precios del petróleo y del tipo de cambio… en caso de que la tarifa temporalmente sea inferior a la tarifa calculada, se cubrirá las mayores transferencias al sector eléctrico con una disminución en gastos no prioritarios… Dada la fragilidad de la situación financiera del sector, evaluaremos mensualmente su desempeño e implementaremos las medidas necesarias para compensar el impacto fiscal de cualquier desvío, de manera que no afecte el balance del sector público no financiero.

La extensión acordada en el Anexo al Memorando Técnico de Entendimiento del 24 de abril de 2006 al límite de atrasos en el pago de las facturas corrientes de electricidad con las compañías generadoras de electricidad y a los requisitos de información para el sector eléctrico indican con claridad la común preocupación del Gobierno y del Fondo con el sector.

El largo plazo con o sin el FMI

Para nuestro bien, la responsabilidad es intransferible, el Fondo no puede exigirnos que nuestro Gobierno oriente su política a algo más trascendente que andar superando problemas de balanza de pagos y de equilibrios presupuestales. Tampoco puede prohibir que invierta en proyectos faraónicos estilo al menos de las primeras dinastías.

Lo que sí puede hacer el FMI es exigir mayor cautela en tres renglones: balanza de pagos, endeudamiento y sistema bancario. En esas áreas las relaciones de República Dominicana con el exterior son importantes más que por su cuantía por el efecto señal que emitan a países de ingresos medianos. En cambio el sector energético interesa a otras instituciones, multinacionales como el Banco Mundial, países amigos y mercados financieros.

El Fondo parece estar de acuerdo al menos mínimamente con nuestras políticas económicas. Eso no significa que nuestra situación sea óptima ni en lo que atañe a la balanza de pagos -el aumento de nuestras importaciones, en las que los precios del petróleo pesa-, al endeudamiento externo e interno para equilibrar la balanza de pagos e incrementar el gasto público, y a la persistente deuda cuasi fiscal que sacrifica una mejor intermediación financiera entre ahorrantes e inversores aunque ofrezca a la banca un magnífico instrumento de liquidez.

Preocupante sobre todas las cosas es la obstinación a corto plazo de nuestras políticas por mantener un peregrino consumismo privado y público a costa de préstamos de quienes se arriesguen a hacerlo en la confianza de que, como dijo Stiglitz, el Fondo será su aval de rentabilidad porque también él vive de los mercados privados de capital.

Para el país las consecuencias serán más serias: seguiremos la secuencia de fuertes expansiones y profundas crisis cambiarias.

Evaluación de la Carta

Como cabía suponer la carta al gerente del FMI confiesa con veracidad suficiente los éxitos y limitaciones de las políticas consensuadas entre el Gobierno y el FMI. Algunas de las limitaciones se deben obviamente a atrasos burocráticos en el diseño de Leyes y planes y otros, no muchos a decir verdad, a dificultades de su aprobación en el Congreso. Mi evaluación subjetiva de lo anteriormente resumido sería así:

1. Como es normal este tipo de acuerdos en un sistema democrático no autoritario enfrenta problemas políticos más que técnicos. Los mayores obstáculos no están en el Congreso ni en la Oposición sino en la necesidad del Gobierno de no irritar segmentos de la población que lo apoyan, encarnados unos en los miembros del partido del Gobierno en cargos públicos y en personeros de sectores económicos que lo promovieron, y sometidos, otros y los más, a una lucha por la supervivencia frente a carestías y precios altos relativamente a sus ingresos y a sus aspiraciones o a sus sueños.

Por lo menos hasta el 16 de mayo resultaba suicida hablar de tarifas eléctricas, de precios del transporte y del gas más altos. Igualmente peligrosa políticamente hubiera sido la aplicación de normas y regulaciones bancarias que también afectan a los grupos o la supresión de preferencias partidistas o familiares en la asignación de obras y contratas públicas. La disminución sustancial de la deuda cuasi fiscal del Banco Central afecta también la cuantía de los gastos públicos y el complejo mecanismo de intermediación financiera de bancos y asociaciones.

2. Tarde o temprano, sin embargo, el país y el gobierno tienen que ser realistas. Eso significa sencillamente que el Gobierno perderá buena parte de su poder político al tener que renunciar a ventajas tradicionales de asignación a dedo de contratas, manejo no moni toreado ni controlado de excedentes presupuéstales, endeudamiento continuo en vez de pago de atrasos. Nuestra situación económica no es ideal.

La sociedad misma, especialmente el pueblo tendrá que hacer un aporte desproporcionado a sus posibilidades sea como consumidor de bienes de mercado encarecidos sea como demandante de bienes públicos. Resulta imposible mantener por mucho tiempo desbalances comerciales causados por importaciones sin tener que devaluar o pagar más impuestos. Hace tiempo que la inversión directa extranjera, tan importante tecnológicamente, es una carga financiera: el pago de ganancias supera el flujo corriente de inversión. El acceso a mercados financieros internacionales por bonos soberanos o préstamos bancarios está tan limitado por nuestra solvencia, como el del pobre a nuestros bancos. Tal vez hasta las empresas generadoras de energía con carbón choquen con esa limitante porque ¿suena creíble que sus proyectos hayan ignorado amarrar la fuente de su financiamiento?

Los esfuerzos por ajustar la economía reduciendo de una u otra forma lo deseable a lo posible son peligrosos para los partidos en el Gobierno. La otra alternativa, tantas veces reiterada en nuestra historia, de endeudarnos para mantener un alto ritmo de consumo, aunque explicable en un mundo en el cual la pobreza no está lejana y el consumismo publicitario muy cercano, tiene un final triste.

3. El FMI ha sido más bien indulgente frente a un país que tiene serios problemas de consumo, de energía, de pago de atrasos y cuyos Gobiernos tienen, porque nuestra sociedad lo quiere, una visión cortoplacista y partidista de su administración. A decir verdad el problema no es nuestro aunque lo individualizamos según nuestra cultura. Los romanos exigían pan y circo; los últimos borbones franceses disfrutaban el presente: después de mí el diluvio decían sus reyes. ¿Qué tiene de raro que Horacio Vázquez inmerso en el cortoplacismo social se refiriese no a un diluvio sino a un tsunami: que suba el mar y nos arrase?