La Norma 02-17, que regula la descarga, despacho aduanero y comercialización de los residuos, mezclas de hidrocarburos u otros, introduce al mercado dominicano un nuevo y extraño combustible: el “Slop”.
Comúnmente reservado para identificar mezclas de desechos de petróleo, productos químicos y aguas que se derivan del proceso de refinación o de la limpieza de las cisternas de las refinerías, el “SlopOil” ha adquirido aquí la categoría de un combustible cuya importación y comercialización queda fuera del ámbito de aplicación de la Ley 112-00, de hidrocarburos.
Se desconoce en qué tipo de vehículos o procesos industriales se utiliza, el canal por el que llega a los consumidores finales, la calidad y el precio al que se debe vender el “Slop”, entre otros detalles que se suponen obligatorios en el mercado de combustibles.
La mezcla se entrega a una figura llamada “compañías receptoras de Slop y Sludge”, creada por la norma y dejada al libre albedrio. Parece que los “ShipChandlers”, bajo esa nueva denominación jurídica, habrán pasado de suministrar alimentos, agua fresca, y recolectar los residuos sólidos y aguas sucias de los barcos, a tomar parte en el mercado de hidrocarburos.
En el propósito de contrarrestar el contrabando de combustibles y las irregularidades que giran alrededor de la descarga y despacho de “mezclas de hidrocarburos”, se llegó a la errada conclusión de que la solución es cobrar unos impuestos, con lo cual, en realidad, se está ofreciendo un escenario de legalidad aparente a la introducción y comercialización irregular de carburantes. Se habrá pretendido cifrar un incremento de los ingresos del gobierno, sin percatarse de que resultará exactamente lo contrario.
Se perdieron de vista aspectos fundamentales, de sentido común, que ponen en riesgo los ingresos del gobierno y afectan negativamente al sector formal de combustibles.
Para frenar el tráfico ilegal de combustibles que se origina con la descarga y retiro de desperdicios de los buques, bastaría con circunscribir dicha actividad a las obligaciones de la convención MARPOL 73/78, que trata sobre aspectos medioambientales, y las anomalías que se detecten manejarlas en el marco de la Ley 3489, del régimen de aduanas, que tipifica claramente el contrabando y las penas aplicables; así como en el ámbito de la Ley 112-00.
En vez de recaudar más, el gobierno recaudará menos. Cada galón de “Slop” sustituye un galón de fuel oil, de gasoil, de gasolina, que haya entrado al mercado por los canales regulares. El sector formal, que tributa más y resulta más fácil de fiscalizar, dejará de vender exactamente la misma cantidad del “Slop” despachado a las “compañías receptoras”.
Es tan visible la merma en los ingresos, que sobra el cálculo matemático. Es como pretender aumentar las recaudaciones formalizando el cobro de impuestos al ron falsificado, a los cigarrillos y al whisky que se introduce de contrabando. Equivale, a crear el espacio ideal a la informalidad y a reconocer la ilicitud como válida. Se conoce que detrás del “Slop” y del “Sludge” se desarrolló un gran negocio en el país y eso sugiere que hay detrás intereses importantes que han encontrado el espacio ideal para comercializar con combustibles sin tener que cumplir las reglas. Pero debe quedar claro que no es la convención de MARPOL 73/78 la que justifica en modo alguno el cómodo escenario que se ha establecido a favor de la informalidad.
Como el presidente de la República acaba de dar un ejemplo de humildad al reconocer un equívoco y cancelar, pocas horas después de haberlo nombrado viceministro, a un encarcelado abusador de doncellas, quizás se podría aspirar a que esa sabia actitud se replique entre sus subalternos. Háganlo, que recaudarán más y se ajustan a la Ley.